El 5 de enero de 2026, tras el contundente golpe al régimen venezolano, autoridades federales norteamericanas les leyeron la cartilla de derechos al dictador Maduro y su esposa para luego ponerlos a órdenes del Alvin Hellerstein, Juez del Distrito Sur de Nueva York, designado en 1998 por Bill Clinton e instructor del caso desde 2020. Ni siquiera quienes critican este “secuestro” han sugerido que Hellerstein está controlado por Trump.
La que fue todopoderosa pareja llegó al tribunal bajo fuertes medidas de seguridad. Primero en helicóptero desde el centro de detención, uno de los de los más infames del país, con varios peligrosos capos de la droga. Llegaron a la corte con grilletes en los tobillos y uniforme de prisionero. Tendrán los mismos derechos que cualquier persona acusada de un delito en EE. UU., incluido un juicio con jurado.
A la audiencia asistió Nizar El Fakih, abogado venezolano que defendió prisioneros políticos bajo Chávez. Como tantos opositores, se exiló en EE. UU. Describió el drástico cambio en la actitud del acusado, desde una entrada “rozagante” saludando alegremente a los presentes, deseándoles el happy new year hasta sentarse en el banquillo de los acusados. Cuando Hellerstein le ordenó ponerse de pie para confirmar su identidad, creyéndose aún presidente, Maduro se declaró “prisionero de guerra” detenido ilegalmente e intentó hacer una proclama política. El magistrado lo interrumpió, le mandó limitarse a responder las preguntas y le ordenó sentarse. Fakih no recuerda ninguna autoridad civil que le haya dado instrucciones tan tajantes al depuesto líder. Tras la reprimenda, se notó un cambio drástico en su lenguaje corporal. Se descompuso por completo, era otra persona. Fue evidente que el juez impuso su autoridad. En Venezuela, recordó Fakih, el ambiente era bien distinto. Lo primero que pedían los presos políticos al ingresar a la sala era una botellita de agua pues en muchos casos llevaban días sin hidratarse.
En junio de 1989, tras un somero juicio en La Habana, fueron condenados a muerte Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia y otros militares cubanos. Acusados de “alta traición a la patria y la Revolución”, enfrentaron un tribunal militar. Con minuciosa edición oficial, el juicio fue emitido por TV Cubana. Los cargos incluyeron relación con narcos internacionales, tráfico de cocaína, diamantes y marfil. Ochoa y de la Guardia, hasta entonces célebres héroes revolucionarios, fueron fusilados sin que el código penal contemplara pena de muerte por exportar drogas. Se alegó traición con “actos hostiles contra un Estado extranjero”. El periodista Pablo Socorro, escogido para cubrir el juicio, reveló en 2019 que “mis conocimientos del caso no iban más allá de lo que decía el régimen, o me decían que escribiera”. Sus apuntes eran revisados y editados después de cada sesión.
Finalmente Ochoa declaró “yo mismo me desprecio y ya no hay razón de vida… no espero más nada… mi último pensamiento será para Fidel, por la gran Revolución que le ha dado a este pueblo. Gracias”. Ileana de la Guardia le entregó a Gabriel García Márquez una carta para Fidel Castro implorando que no los fusilaran. Él le prometió “hacer todo lo posible” y la tranquilizó anotando que la ejecución también perjudicaba al régimen. Según Enrique Krauze, historiador mexicano, la misma Ileana relató que el escritor asistió “a una parte del juicio, junto con Fidel y Raúl, detrás del ‘gran espejo’ del recinto”. No se requiere un minucioso análisis comparativo del juicio que le espera a la pareja Maduro versus el que enfrentaron dos íconos revolucionarios cubanos. Simplemente es útil preguntarse cuál respeta la ley previamente establecida y cuál responde a los caprichos de un gobernante que controla la rama judicial.
Parafraseando a Bertot Bretch “la justicia castrista fue absolutamente incorruptible; nadie pudo inducirla a hacer justicia”. Tragando sapos colosales -ICE, amenaza militar, inclinación totalitaria e irrespeto al derecho internacional- hay que reconocer que el soberbio, codicioso, arbitrario y corrupto Donald Trump dio un paso en la dirección correcta: su equipo delegó en un juez independiente definir el futuro de quienes jamás hicieron eso con 18 mil “detenciones políticas”.
Bajo cualquier sistema político la justicia penal es más que castigo. El principal impacto buscado es la disuasión. Eso explica el overol naranja con cadenas en EE. UU. y el arrepentimiento público televisado en Cuba. El sacudón de Maduro detenido retumba mucho más allá de Venezuela. Sigue alargándose la lista de malandros realmente afectados por el juicio al dictador. Habrá que angustiarse menos con lo que dice un incontinente verbal, centrarse en los hechos y recordar que los tratados internacionales normalmente señalan las instancias para tramitar incumplimientos y conflictos, incluso los provocados por el Gobierno norteamericano en su “patio trasero”. La soberanía es otra historia.
