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En 2024 se hizo evidente la variedad de opciones para manejar, legítima o ilegalmente, recursos públicos a nombre del pueblo. Gabriel Boric y Nicolás Maduro se consolidaron como casos extremos.
Quedó claro que contra los corruptos, de izquierda o derecha, sólo sirve la justicia, no la política. Un lamentable daño de la narrativa hegemónica para la comprensión del Estado y la acción colectiva es que la represión debe reemplazarse por prevención, diálogo y perdón. El palpable fracaso de la Paz Total, su ineficacia, sus incoherencias, confirman ese yerro, anterior al Gobierno del Cambio; incluso a la paz santista que reforzó la tradición de escaso recurso a la justicia penal contra la violencia. Los crecientes golpes mundiales a la corrupción, y los intentos fallidos, demuestran que las sanciones y multas sí funcionan. Precisamente por eso los gobiernos con máscara democrática pero autoritarios o dictatoriales buscan controlar la justicia y los medios de comunicación, otra piedra en el zapato.
El dilema lo confirma la reacción —¿genuina, demagógica?— de Gustavo Petro al hacerse públicos los pagos a congresistas con recursos de la Ungrd para apoyar reformas sociales. Sentenció que los corruptos “no merecen estar en este Gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel”. En eso se desmarca de otros tiranos y autócratas. Medidas coercitivas contra personas cercanas al gobierno hoy parecen improbables en España: Pedro Sánchez tiene a su entera disposición al fiscal general a quien el mismo sistema represivo estatal —Guardia Civil con jueces y fiscales independientes del ejecutivo— investiga y acorrala por torcido. La mano dura contra la corrupción del PP, hoy en la oposición, también ha impuesto a políticos y funcionarios infractores penas severas y devolución de los recursos sustraídos. En Colombia, empiezan a conocerse condenas por corrupción durante el gobierno anterior. Pero Benedetti, ahí.
Una prueba ácida del rechazo a las corruptelas y del respeto por los valores democráticos es la actitud ante el régimen de Nicolás Maduro. En España se habla del sanchismo chavista. El enredo petrista es patético: a la hora de escribir esta columna, aún no hay acuerdo sobre la asistencia a la posesión del dictador fraudulentamente reelegido. El canciller Murillo propuso una movida insólita de política exterior: que el embajador decida, como asunto personal, si representa a su país. “Al final, él tomará la decisión que considere y la comunicará”, anotó tranquilamente. Pase lo que pase en Caracas el 10 de enero, es palmario que Maduro inhabilitó a la principal opositora, ignoró cerca de 2 millones de votos en las primarias y, tras las elecciones del 24 de julio, no ha acreditado su triunfo a pesar de tener bajo férreo control las instituciones electorales y el poder judicial. Todo el mundo sabe, literalmente, que hubo fraude, agravado por detenciones arbitrarias, incluso de jóvenes, con amenazas y acusaciones de terrorismo contra opositores.
El periodista Joseph Poliszuk, coordinador del equipo venezolano de los Panama Papers, señalaba en 2019 que los jueces penales en Venezuela mantenían estrechos vínculos políticos y económicos con el gobierno. “El 40 % simpatizan y/o son militantes de base del Partido Socialista; 8 % son, o han sido, contratistas del Estado, muchos en el ejercicio de sus funciones”. Otros habían ejercido roles paralelos como suplencias en el Consejo Nacional Electoral, o en el Tribunal Supremo de Justicia, en donde casi la totalidad de magistrados “tiene una historia de filiación política con el chavismo”. Poliszuk tuvo que huir de Venezuela con otros periodistas a raíz de una demanda penal puesta por un empresario mencionado en un trabajo de investigación. No confiaban en la imparcialidad judicial. “Siempre hablamos de presos políticos, pero para que haya presos políticos tiene que haber jueces políticos (…) Los magistrados son tan responsables como los generales de lo que está pasando en Venezuela”.
En Colombia, aunque la oposición radical señala que “durante 2024 Petro logró lo impensable: tomarse la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, concentrando todo el poder en sus manos”, no se puede ignorar que la defensora del Pueblo, ternada por él, criticó duramente el nombramiento del porno-embajador en Tailandia, y que una exasesora presidencial fue encarcelada por el mismo escándalo de corrupción en la Ungrd. Sin embargo, a pesar de varios presuntos implicados, unos son más iguales que otros ante la ley: la justicia no ha actuado con la misma severidad dependiendo de misteriosos factores. Y Benedetti, ahí.
Tampoco tranquiliza Gustavo Bolívar afirmando que “aquí todo el mundo roba”. Y aún menos los esporádicos ataques del petrismo contra el CNE, la magistratura o algunos periodistas. Sobre todo, en un ambiente en el que los presos políticos se achacan sobre todo a los militares, cuando algunos de ellos han sido víctimas de jueces políticos.
