Javier Delgado y Hernando Pizarro, del Frente Ricardo Franco (FRF), ejecutaron “una de las más dramáticas e invisibilizadas” masacres del conflicto. Estos disidentes de las FARC mantuvieron estrechos vínculos familiares, militares y financieros con la guerrilla que evoca y glorifica Gustavo Petro.
Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad (CV) y un minucioso trabajo de Angélica Cruz, historiadora ecuatoriana, José Fedor Reyes, alias Delgado, “se había apoderado de una gran cantidad de dinero” con secuestros. En un comunicado de 1983 las FARC-EP precisaban que “invirtió en viajes de placer… con tres miembros del M-19 durante dos meses por Europa, todo por cuenta (nuestra)”. La plata provenía del plagio, en 1983, de Sonia, hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo, inicialmente atribuido al M-19. Varios reinsertados confirman la autoría y el origen de esos recursos, que permitieron el rápido crecimiento del FRF: entre 1982 y 1986 pasó de 20 combatientes a 200. “Fedor operaba con reclutadores que ofrecían dinero”. A un ex M-19 le propusieron un taxi para ”lavar plata, tener un activo… y también ayudar en el tema de vigilancia, ¿me entendés?”. Las condiciones eran atractivas: “les daban 800 mil pesos (32 mil dólares de hoy)… Eso, jueputa, era mucha plata, la gente estaba loca”. Delgado viajaba con frecuencia a Panamá para “tener el dinero en un lugar seguro”, anota un reinsertado.
Por la persecución militar, el FRF formalizó la alianza con sus tutores. El M-19 ofreció formación militar en el Cauca que incluía manejar explosivos. “Yo llegué a Robles y nos recibió Pizarro”. Después hubo más instrucción, con “Alfaro Vive Carajo (AVC)… gente de Patria Libre y gente del M”. Tras esa formación, en enero de 1985, vino el asalto a Santander de Quilichao, con Hernando Pizarro como comandante del FRF. Otro ex M-19 sostiene que la cercanía entre ambos grupos “era producto de la proximidad territorial y de los lazos familiares entre Carlos y Hernando Pizarro”. Nina, su hermana, era compañera de Ernesto, también del FRF.
Desde 1984, el FRF se unió a la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) con el M-19 y las principales grupos colombianos salvo las FARC. El año de mayor actividad fue 1985. “Hubo tomas a poblaciones en colaboración con otras guerrillas… igual que atentados a miembros del PCC”. A ese partido lo acusaban de “ganar caudal electoral en beneficio de la Unión Patriótica”. A raíz del atentado a Hernando Hurtado, de la UP, el M-19 cortó temporalmente con el FRF. Su siguiente acción conjunta fue el ataque a Miranda el 16 de octubre, justo antes de la toma del Palacio de Justicia. Los primeros días de noviembre, comunidades del norte del Cauca denunciaron ante el M-19 que, “a poca distancia de allí, a medio enterrar, (había) cadáveres, amarrados de pies y manos, de varias personas vistiendo uniformes militares”. Después llegaron al campamento “grupos de combatientes en busca de protección. Se veían muy mal: torturados, ultrajados y confundidos… Colaboradores nuestros, familiares de las primeras víctimas, empezaron a pedirnos que interviniéramos”.
Empezando diciembre, el FRF “ajustició” 134 de esos traidores y surgió su primera confrontación con el M-19. Carlos Pizarro “en un arranque de ira desenfundó su arma y la apuntó contra su propio hermano. Dijo que no le importaría matarlo allí”. Todos estaban listos para el enfrentamiento. Pizarro ordenó bajar las armas y replegarse. El 20 de diciembre, el M-19 condenó públicamente la masacre y comunicó que los verdugos habían sido expulsados de la CNG. Pero el nepotismo por la paz los salvó por un tiempo: Hernando Pizarro murió asesinado en Bogotá en 1995 y Fedor Reyes apareció “suicidado” en la Penitenciaría de Palmira en 2002.
La guerrilla que explica la Toma de Palacio como un fallido “juicio armado” a un presidente y que, años antes, tras su secuestro y tortura, asesinó a José Raquel Mercado por traicionar al pueblo, dejó impunes a los victimarios de un horripilante exterminio cuyas últimas víctimas campesinas aparecieron en fosas comunes en 2014.
Además de sus pupilos FRF y AVC, en 1985 el M-19 tenía contactos con el FSLN nicaragüense y el MRTA peruano que conformarían después el Batallón América. Había vínculos con Pablo Escobar, las autodefensas y jóvenes entrenados militarmente en varias ciudades. Sería absurdo sostener que la finalidad de tan larga y febril actividad armada era un juicio político al presidente, o simplemente quemar expedientes del narcotráfico. El objetivo innegable era tomarse el poder con los magistrados como rehenes.
Muchas personas insisten en silenciar el pasado del M-19, pero víctimas informadas, como Helena Urán, exigen la verdad. “No más mentiras. No más negacionismo de las dos partes… Los dos actores armados son responsables”.
