Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Es desesperante la gente que intenta colarse cuando uno está haciendo fila pacientemente ante una ventanilla.
La situación es común en Colombia -típica en las cajas de los bancos- y genera reacciones bien autóctonas. En Bogotá, las personas avivatas responden a cualquier reclamo con cara de “yo no fui” o “usted no sabe quien soy yo” reforzada con un comentario displicente como “tan conflictivo, molestarse por esa bobada”. Más complicada de manejar es la variante con la persona de la caja distraída por una llamada o papelito al que le presta más atención que al público. Protestar ante eso ya exige buenas dosis de osadía.
No lo he vivido, pero en tierra de doctores y prosopopeya, es concebible un escenario más irritante: representantes de la administración del banco aclarando que los mensajes urgentes son para atender clientes especiales que no pueden hacer fila como todo el mundo y, ya en tono pedante, disertando que las largas esperas no tienen nada que ver con las interrupciones, que los manuales de procedimiento no han cambiado y que todo el personal tiene instrucciones de atender a la clientela ágil y oportunamente, como siempre.
La alegoría de papelitos express que afectan las filas es cínica pero ilustra bien las secuelas de la acción de tutela sobre la justicia ordinaria colombiana. El calvario de la demora ha venido con una ñapa exasperante: la pretensión de la Corte Constitucional y su entorno que la avalancha de acciones prioritarias no afecta la congestión de los despachos judiciales. Tan extravagante lógica la ha adobado una respuesta prefabricada para descalificar las críticas al funcionamiento de la justicia constitucional como oposición reaccionaria a la defensa de los derechos de los desprotegidos.
En cualquier fila de banco una retórica así indignaría a los usuarios, sobre todo si sospechan que las demoras se deben a clientes e intermediarios más vivos que el resto, y con menos formalismos. Es transparente la presión que se ha acumulado para buscar atajos en lugar de hacer fila. Si alguien le preguntara a los cajeros sobre posibles medidas para aliviar la creciente congestión en ventanillas, sin duda destacarían la necesidad de racionalizar el flujo de casos prioritarios para ocuparse de los clientes tradicionales y abandonados. Una encuesta así fue realizada en 2013 a jueces de seis ciudades. La gran mayoría (73%) considera que para aliviar la congestión es muy importante la “reducción de tutelas recibidas”. Esta medida ocupa el segundo lugar de relevancia, entre más de veinte alternativas, después de la “reducción de prácticas dilatorias de las partes”. Ambas opacan intervenciones hasta hace poco en boga entre expertos, como centralización de tareas administrativas, infraestructura, informática o aumento de personal, y recuerdan lo obvio: que las tutelas están en el meollo de la congestión judicial.
La percepción sobre las causas de la congestión depende de la carga de trabajo y entre quienes atienden los juzgados más atascados la impresión de que se debe reducir el flujo de tutelas se torna casi unánime (90%), aún más que enfrentar los trucos de los tinterillos. Percibir la justicia constitucional como obstáculo al desempeño de la jurisdicción ordinaria presenta mayor consenso entre las juezas que, tal vez abrumadas por tutelas, son más propensas que los hombres a señalar que sus despachos están congestionados.
Otro punto que surge de la encuesta, del que prácticamente nadie habla, es que “la congestión judicial favorece la corrupción”, opinión compartida por casi las tres cuartas partes de la muestra. Sería interesante indagar la mecánica de esta relación entre los trancones de expedientes y las prácticas torcidas. Si, por ejemplo, se trata de una variante del “yo no tengo por qué hacer fila, arreglemos esto”.
Los datos agregados de tutelas muestran que en la Corte Constitucional también se da una asociación entre congestión de trabajo y señalamientos de corrupción, inexistentes cuando se alcanzaban a revisar porcentajes no despreciables de las sentencias recibidas de primera y segunda instancia. En la actualidad, esa proporción da tristeza, aunque bastante menos que los rumores sobre maniobras en el proceso de selección que, como los papelitos para brincarse el turno en la fila de un banco, reflejan favoritismo, una señal infalible de corrupción.
