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En 2009 fui contratado para evaluar programas de reforma judicial del Banco Mundial en Latinoamérica. El Viernes Santo llegué al Juzgado de Paz de Chichicastenango, Guatemala, ese día cerrado al público. Manuela Morales, indígena Quiché de unos 30 años, me atendió en el Centro de Mediación a su cargo, anexo al Juzgado. Vestía el elaborado huipil que usan mujeres indígenas en fechas especiales. Trabajadora social, casada con un estudiante de derecho, tenían dos hijos. Planeaban establecerse un tiempo en Argentina o España para que Manuela se especializara.
Varios afiches adornaban el juzgado. Uno mostraba un hombre elevado del suelo por la contundente patada de un policía. “¡La brutalidad policial existe. Basta ya!… torturas a manos de policías y soldados”, señalaba. Lo que antes hubiese sido un pasquín militante era ahora un letrero del Organismo Judicial. La escena era inconsistente con versiones, recurrentes en publicaciones académicas y medios, que nada había cambiado en la justicia Guatemalteca. Una mediadora Maya y esos afiches, por sí solos, mostraban una drástica caída del poder castrense y menor impunidad. El contraste con descripciones sobre los abusos sufridos por las mujeres indígenas durante el conflicto armado era abismal. Ahora, Manuela Morales era autoridad civil.
Resultaba fácil criticar el funcionamiento judicial guatemalteco. Bastaba inventariar lo que faltaba para una justicia imparcial, eficaz, accesible y creíble, que generara confianza en la ciudadanía. No era sencillo, sin embargo, definir el estándar para calibrar el desempeño de esa justicia. Pocos países presentaban simultáneamente, como Guatemala y Colombia, la herencia de un largo conflicto armado, una fuerte influencia del crimen organizado y una diversidad étnica y cultural tan marcada. El reproche más recurrente a la reforma guatemalteca era haberse centrado en la rama penal. Paradójicamente, la misma observación se le podía hacer a las críticas: limitadas a lo penal ignoraban otras jurisdicciones. Pero ya aparecía en las encuestas de opinión una percepción global positiva sobre la evolución reciente del servicio. Resultaba sorprendente el desconocimiento que se tenía en ciertos sectores sobre los avances logrados en recuperación de la autoridad civil.
Un objetivo fundamental de la reforma judicial fue reducir el poder armado en las áreas indígenas más afectadas por la guerra. La justicia como pilar de la democracia y el esfuerzo por reemplazar la influencia y poder castrenses no ha sido peculiaridad guatemalteca. La situación específica ha variado entre países. En Colombia, se señala que la situación está peor. Iván Cepeda habla de “detener el proceso de extinción, exterminio y desaparición de los pueblos indígenas”. Gustavo Petro menciona la “guerra interétnica”. Callan la malograda Paz Total.
Durante décadas, los militares guatemaltecos fueron poder de facto en muchos municipios. Impunes ante cualquier desafuero, a ellos acudían las personas para resolver distintos conflictos. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se consolidó una “cultura y práctica autoritarias y excluyentes de las mayorías”. Para un Juez de Paz en la zona del Petén, “cualquier militar era omnipotente, antes usted era militar y nadie lo podía tocar”. Según la CEH, a lo largo del conflicto, “un 93% de las infracciones (eran atribuibles) al Estado… (y) el 83% de todas las víctimas plenamente identificadas pertenecían a la población Maya”. Las peores masacres de indígenas ocurrieron entre 1981 y 1983 bajo la política de “tierra arrasada” de las FFAA y los paramilitares. En Cuarto Pueblo, Quiché, fueron asesinadas “más de 400 personas… niñas y niños, recién nacidos y mujeres (embarazadas)” encerradas en una iglesia, torturadas y violadas durante tres días y luego quemadas”. Ese horror fue calificado de genocidio: el ejército pretendió exterminar a toda la población.
Al oír a Aída Quilcué, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, me surgen algunas inquietudes sobre Manuela Morales, indígena Maya víctima del conflicto armado y el Estado guatemaltecos. ¿Cómo logró liberarse de su doloroso pasado para mirar el futuro con optimismo, inmune a su situación de perseguida, no sólo para exclusión y despojo de tierras sino para aniquilación física intencional? ¿Cómo pudo entusiasmarse con una especialización en el exterior y que sus hijos conviviesen con otras culturas? Descendiente de la sofisticada y cosmológica cultura Maya, ¿por qué no la obsesionaba la creencia de que sus ancestros, sus familiares, su resguardo y su región, han sido y seguirán siendo el centro del mundo? Es difícil encontrar una entrevista de la candidata del Pacto Histórico que no mencione el CRIC. “Ojalá que la señora Quilcué no se concentre únicamente en la comunidad indígena del Cauca”, anotó lacónicamente una dirigente de la comunidad Wayúu, víctima de la corrupción con el suministro de agua en La Guajira, que no sólo se mantuvo sino que se agravó con el Gobierno del Cambio.
