El feminismo radical banalizó hasta el absurdo la responsabilidad individual de la mujer, factor necesario para una prevención racional del daño: factible, eficiente e igualitaria.
Hace años, una amiga celebraba su grado universitario con gente muy cercana cuando notó que faltaban varios discos. Sin dudarlo, le puso llave a la puerta y advirtió que mientras no recuperara todos los CD nadie saldría sin una requisa. La audacia funcionó y el botín apareció en un baño. A pesar de la falta de prevenciones para esa reunión íntima, nadie criticó las medidas usuales de seguridad contra eventuales ladrones extraños, con quienes sería absurdo tener la misma confianza que con amigos y parientes.
En violencia sexual se olvida esta distinción crucial entre agresores agazapados en el círculo íntimo y, por otro lado, el amplio abanico de extraños donde es desacertado e ingenuo pretender empatía o consideración. El punto es crítico ante una inquietud políticamente incorrecta: ¿se puede prevenir una violación como, por ejemplo, se evita un atraco, un secuestro o cualquier crimen?
En 2011, hablando sobre violencia sexual en la universidad, un policía canadiense recomendó a las mujeres evitar “vestirse como sluts” para no ser violadas. Una estudiante reviró que era inaudito disculpar las violaciones por el atuendo femenino. Indignada, organizó una marcha, la slutwalk, para protestar: las mujeres deben poder vestirse como les dé la gana, sin perder el derecho a decidir con quién tener sexo. Como “El violador eres tú”, la iniciativa tuvo apoyo global y en muchas ciudades se organizaron slutwaks. El lema más repetido fue “¡no es NO!”. Una cronista del Washington Post anotó que se trataba del principal evento feminista en décadas. Tras el #MeToo, centrado en el abuso por próximos, la portavoz de ONU Mujeres habló del “movimiento más grande contra el acoso y la violencia sexual”.
La traducción de slutwalk fue desafortunada: “la marcha de las putas”, que no estaban invitadas. Lamentablemente se ignoró la diferencia entre ataques sexuales por compañeros de estudio o trabajo y aquellos con victimario desconocido. El llamado date rape –la violación en una cita o salida- es una forma extendida de agresión sexual en Norteamérica. En Colombia, su incidencia y participación relativa son menores, predomina el abuso por familiares. Es precisamente en el escenario con victimarios cercanos que tiene total sentido el principio de que la mujer se puede vestir como le plazca sin que eso sirva de disculpa para manoseos, acosos o violaciones. Sería inaudito tener que ponerse pintas mojigatas para sentirse tranquila en una comunidad cerrada, próxima, donde se interactúa con la misma gente cotidianamente.
Sin embargo, no es sensato extender automáticamente ese derecho indiscutible a bajar la guardia en un entorno cercano a las calles de una ciudad real, más azarosas que el mundo imaginario donde tampoco debería haber ladrones, ni homicidas. Esa imprudente sugerencia está implícita en el ya célebre estribillo chileno -“¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía!”- cuyo mensaje para las adolescentes es de una irresponsabilidad preocupante: el paroxismo de la víctima totalmente inerte, convencida de que basta expresar en coro sus derechos para ser protegida por un “Estado opresor” que también es “un macho violador”.
Por supuesto que algunas víctimas no pueden hacer nada para evitar agresiones sexuales: con lamentable e inusitada frecuencia menores de edad sufren abusos de familiares o amigos. Por supuesto que abundan casos de autoridades que deberían proteger mujeres pero las atacan, o jueces machistas y negligentes. Lamentablemente en Colombia, como en muchos países, sólo se puede esperar que la justicia sancione, o absuelva, a un “sindicado conocido”; los atacantes no identificados por la víctima, del delito que sea, muy probablemente quedarán impunes. La precaria capacidad de investigación criminal, palpable hasta en los homicidios, no necesariamente es falta de voluntad política o discriminación por género. Unidades de policía especializadas en crímenes sexuales exigen entrenamiento sofisticado que sólo se ha alcanzado en muy pocos lugares.
Que cualquier mujer adulta, en un entorno bien alejado de un safe space universitario, se niegue a prevenir el riesgo de un ataque sexual es tan desatinado como sería indignarse con quienes en una ciudad insegura utilizan y recomiendan celadores, rejas y alarmas, o evitan calles peligrosas para no sufrir atracos. Simultáneamente, es natural no adoptar, jamás, medidas equivalentes con personas cercanas.
En ámbitos no cooptados por la militancia –crimen, accidentes de tráfico o laborales- se espera sin ningún drama que una víctima potencial, hombre o mujer, tome precauciones mínimas para prevenir daños. Algunas, como evitar el alcohol al volante, son obligatorias. El feminismo supuestamente busca la igualdad. Difícil alcanzarla si para cierta violencia ser varón elimina la presunción de inocencia, las víctimas están 100% exentas de responsabilidad y encima, determinadas mujeres en situación de alto riesgo, prostitutas o exguerrilleras, no cuentan.
El feminismo radical banalizó hasta el absurdo la responsabilidad individual de la mujer, factor necesario para una prevención racional del daño: factible, eficiente e igualitaria.
Hace años, una amiga celebraba su grado universitario con gente muy cercana cuando notó que faltaban varios discos. Sin dudarlo, le puso llave a la puerta y advirtió que mientras no recuperara todos los CD nadie saldría sin una requisa. La audacia funcionó y el botín apareció en un baño. A pesar de la falta de prevenciones para esa reunión íntima, nadie criticó las medidas usuales de seguridad contra eventuales ladrones extraños, con quienes sería absurdo tener la misma confianza que con amigos y parientes.
En violencia sexual se olvida esta distinción crucial entre agresores agazapados en el círculo íntimo y, por otro lado, el amplio abanico de extraños donde es desacertado e ingenuo pretender empatía o consideración. El punto es crítico ante una inquietud políticamente incorrecta: ¿se puede prevenir una violación como, por ejemplo, se evita un atraco, un secuestro o cualquier crimen?
En 2011, hablando sobre violencia sexual en la universidad, un policía canadiense recomendó a las mujeres evitar “vestirse como sluts” para no ser violadas. Una estudiante reviró que era inaudito disculpar las violaciones por el atuendo femenino. Indignada, organizó una marcha, la slutwalk, para protestar: las mujeres deben poder vestirse como les dé la gana, sin perder el derecho a decidir con quién tener sexo. Como “El violador eres tú”, la iniciativa tuvo apoyo global y en muchas ciudades se organizaron slutwaks. El lema más repetido fue “¡no es NO!”. Una cronista del Washington Post anotó que se trataba del principal evento feminista en décadas. Tras el #MeToo, centrado en el abuso por próximos, la portavoz de ONU Mujeres habló del “movimiento más grande contra el acoso y la violencia sexual”.
La traducción de slutwalk fue desafortunada: “la marcha de las putas”, que no estaban invitadas. Lamentablemente se ignoró la diferencia entre ataques sexuales por compañeros de estudio o trabajo y aquellos con victimario desconocido. El llamado date rape –la violación en una cita o salida- es una forma extendida de agresión sexual en Norteamérica. En Colombia, su incidencia y participación relativa son menores, predomina el abuso por familiares. Es precisamente en el escenario con victimarios cercanos que tiene total sentido el principio de que la mujer se puede vestir como le plazca sin que eso sirva de disculpa para manoseos, acosos o violaciones. Sería inaudito tener que ponerse pintas mojigatas para sentirse tranquila en una comunidad cerrada, próxima, donde se interactúa con la misma gente cotidianamente.
Sin embargo, no es sensato extender automáticamente ese derecho indiscutible a bajar la guardia en un entorno cercano a las calles de una ciudad real, más azarosas que el mundo imaginario donde tampoco debería haber ladrones, ni homicidas. Esa imprudente sugerencia está implícita en el ya célebre estribillo chileno -“¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía!”- cuyo mensaje para las adolescentes es de una irresponsabilidad preocupante: el paroxismo de la víctima totalmente inerte, convencida de que basta expresar en coro sus derechos para ser protegida por un “Estado opresor” que también es “un macho violador”.
Por supuesto que algunas víctimas no pueden hacer nada para evitar agresiones sexuales: con lamentable e inusitada frecuencia menores de edad sufren abusos de familiares o amigos. Por supuesto que abundan casos de autoridades que deberían proteger mujeres pero las atacan, o jueces machistas y negligentes. Lamentablemente en Colombia, como en muchos países, sólo se puede esperar que la justicia sancione, o absuelva, a un “sindicado conocido”; los atacantes no identificados por la víctima, del delito que sea, muy probablemente quedarán impunes. La precaria capacidad de investigación criminal, palpable hasta en los homicidios, no necesariamente es falta de voluntad política o discriminación por género. Unidades de policía especializadas en crímenes sexuales exigen entrenamiento sofisticado que sólo se ha alcanzado en muy pocos lugares.
Que cualquier mujer adulta, en un entorno bien alejado de un safe space universitario, se niegue a prevenir el riesgo de un ataque sexual es tan desatinado como sería indignarse con quienes en una ciudad insegura utilizan y recomiendan celadores, rejas y alarmas, o evitan calles peligrosas para no sufrir atracos. Simultáneamente, es natural no adoptar, jamás, medidas equivalentes con personas cercanas.
En ámbitos no cooptados por la militancia –crimen, accidentes de tráfico o laborales- se espera sin ningún drama que una víctima potencial, hombre o mujer, tome precauciones mínimas para prevenir daños. Algunas, como evitar el alcohol al volante, son obligatorias. El feminismo supuestamente busca la igualdad. Difícil alcanzarla si para cierta violencia ser varón elimina la presunción de inocencia, las víctimas están 100% exentas de responsabilidad y encima, determinadas mujeres en situación de alto riesgo, prostitutas o exguerrilleras, no cuentan.