Arde Roma y no es Nerón ni tampoco toca la Lira, pero el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, comparece muy en contra de su voluntad ante las Cortes patrias.
El ‘caso Bárcenas’, una compleja y al mismo tiempo burda trama cuya finalidad aparente es financiar al PP —partido en el poder— y reforzar la renta per cápita de algunos de sus dirigentes, le ha arrastrado hasta allí en un uno de agosto, cuando la España que puede permitírselo sestea.
Rajoy lee toda su declaración, lo que revela una preocupación de fondo; niega en redondo que vaya a dimitir o convocar elecciones; y la oposición se escandaliza disciplinadamente, pero no faltan diputados con prisa que han ido con maletas al hemiciclo, porque quieren salir cuanto antes de vacaciones.
Las acusaciones de un ‘delincuente’ —José Bárcenas, antiguo tesorero del partido conservador— afirma que no pueden manchar la reputación del jefe de gobierno, aunque Rajoy admita que se equivocó al confiar en ese ‘delincuente’, y tampoco nadie ignore que ambos estaban en los términos más amigables, como prueban irrefutables grabaciones, apenas en marzo pasado.
Pero, así y todo, el sainete trágico-cómico del Parlamento español es solo un mediocre tsunami de superficie de una realidad político social como no la había vivido en democracia el país ibérico. Esto es un desbarrancadero.
Cientos de servidores públicos, desde el poder municipal hasta la conducción nacional, a vueltas con la Justicia, repartidos en proporciones bastante equilibradas entre los dos grandes partidos del sistema, PP y PSOE, junto a notables salpicaduras en el partido gobernante del nacionalismo catalán, Convergència. El yerno del monarca, un exinternacional de balonmano, de nombre Iñaki y progenie vasca muy vinculada al PNV, Undargarín, acusado de gravísimos manejos económicos y receptor de variados nepotismos que amenazan con no dejar indemne a la propia realeza. Juan Carlos I de España, en el momento más bajo de su ya larga carrera, y con él la misma monarquía, desde que se le pilló cazando paquidermos en el África Austral, con ricachos amigos de toda la vida, cuando la crisis era ya un dolor que amasaba millones de parados, especialmente entre la juventud que casi ya no se reconoce en el país en el que nacieron creyendo en un imparable desarrollo, y que hoy les niega la más precaria de las oportunidades.
Y como gran remate de esta dramática kermés, la creciente desafección de una parte del país, rica, puntera, fuerza motora del deporte, la ciencia y la economía. Una parte de Cataluña se siente cada día menos vinculada al común tronco español, y sus dirigentes de la coalición en el poder, Convergència i Uniò, más el incitante espoleo de Esquerra Republicana, segundo partido nacional-independentista, piden un referéndum para decidir si los catalanes quieren seguir siendo españoles.
¿Qué hace el resto de España ante amenaza tan formal y meditada de secesión? Calla el gobierno e interpone recursos de legalidad, confiando en que el ‘soufflé’, como se llama en Madrid al independentismo catalán, se desinflará en cuanto la economía mejore, y desde los foros tertulianos de la TV de la derecha cavernaria no se hace sino fomentar involuntariamente el secesionismo con las condenas de quien no ha entendido nada; vituperios de los que no han olvidado nada; y exigencias de que se aplique la ley contra los que no va a servir de nada. Esto, señores del jurado, es el fracaso de la idea castellana de España.
¿Pero cabe sacar alguna consecuencia virtuosa de tan sombrío panorama? La Justicia española, lenta, falta de recursos, dicen que prejuiciada en lo político, atesora, sin embargo, un gran activo: la independencia. Unos cuantos de los que hoy le ven la cara más amarga al poder judicial, desde el ‘chanchullismo’ del PSOE con las prestaciones de desempleo en Andalucía, hasta la mega-desviación de fondos en los casos Gürtel y Bárcenas para el PP, tramas todas ellas de consecuencias políticas devastadoras en tiempos de crisis galopante, hacen alta oposición a una condena. Y nadie puede hoy garantizar que el yerno de Su Majestad no llegue a sufrir suerte parecida. Pero eso no ocurre en Italia, donde Silvio Berlusconi lleva casi tantos años como de carrera política eludiendo la acción de la Justicia; o en Francia, donde ministros, exprimeros ministros y algún presidente, cualesquiera que sean los cargos que se les imputen, jamás acaban en la cárcel.
Pero Cataluña no se separará de España; el arduo conllevarse de Ortega aquietará si no sanará los espíritus; y una posibilidad de refundación de la democracia llamada federalismo deberá entrar en juego con una Constitución distinta o renovada. El país deberá pensarse de nuevo, y este marasmo puede ser la mejor ocasión para ello; algo no tan diferente de lo que cabría esperar del advenimiento de la paz en Colombia. Un nuevo ‘encaje’ de Cataluña y el País Vasco en una España de otro paso, en la que los políticos mal queridos encuentren el camino de la dimisión, y cuando malhechores, el de la cárcel. Una España europea e iberoamericana que coopere en plano de igualdad y de servicio con una América Latina también en vías de redefinición. ¿Fantasía patriotera? Quizá. Pero yo no veo otra salida al desbarrancadero español.
* Columnista de El País de España.
