A COMIENZOS DEL SIGLO XXI EL único gran Estado-Nación europeo que tiene graves problemas de identidad es España.
Es cierto que Checoslovaquia desapareció como consecuencia de un apacible referéndum para convertirse en Chequia y Eslovaquia, que es de donde venía; y una sangrienta trifulca balcánica dio al traste con Yugoslavia, que se resolvió recuperando los retales con los que el mariscal Tito se había confeccionado un traje a medida. Pero el mundo podía haberse ahorrado un país relativamente heterogéneo con capital en Praga y los hechos demostraron que había sido una funesta ocurrencia reunir a los llamados ‘eslavos del sur’. Y hoy una parte notable, pero seguramente no mayoritaria, de los siete millones y pico de catalanes estiman que no son españoles; que su “comunidad imaginada” (Benedict Anderson) es únicamente Cataluña. Ese es el gran fracaso español.
El próximo 27 de septiembre se van a celebrar en Cataluña unas elecciones constitucionalmente autonómicas, que el Gobierno de esa comunidad quiere convertir en plebiscito por la independencia. Cuenta para ello con obtener una mayoría absoluta de diputados entre la lista unitaria, que apoyan los dos principales partidos nacionalistas, Convergència y Esquerra, y una tercera formación, las CUP, de extrema izquierda, y todo ello haciendo caso omiso del grado de afluencia las urnas; es decir que si el nacionalismo radical catalán sacara el 50+1 de una votación del 50% de censados, daría por aprobada la independencia con el 25% de conformidades personales.
Tras varios años de declaraciones y actuaciones por la vía de la legalidad para anular los pasos hacia la separación, sin que eso impresionara ni poco ni mucho a las autoridades de Barcelona, el presidente del Consejo, Mariano Rajoy, PP, derecha clásica, puede verse obligado en las semanas próximas a hacer algo más, como sería la suspensión temporal de la autonomía, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución: la toma del poder por el Gobierno de Madrid. Pero como no es en absoluto seguro que la mera declaración sirva de nada, es de temer que el Estado piense en imponer por la fuerza sus decisiones, gravísima decisión, porque cualquier movimiento airado llevaría más agua al molino independentista y la herida se enconaría hasta hacerse de muy difícil cicatrización.
¿Hay alguna solución que no acarree el agravamiento del conflicto? A corto plazo, ninguna.
En lo único en lo que cabría pensar, aunque doctas opiniones como la del historiador catalán Josep Fontana lo consideran tardío e insuficiente, sería el eventual reconocimiento de la plurinacionalidad de España, algo así como un regreso a lo que durante siglos se llamó las ‘Españas’, o la constatación de que la idea castellana de España había fracasado.
Esa plurinacionalidad implicaría una redistribución del poder entre los diferentes pueblos peninsulares, de forma que se buscara el cobijo institucional de una Federación o aun de una Confederación. Ese planteamiento está muy lejos, sin embargo, de recibir un apoyo mayoritario en el país, en todo el país. Difícilmente ningún votante del PP lo respaldaría, y habría que ver cuántos del PSOE estarían de acuerdo. Ciudadanos, como partido españolista de origen catalán, no vería mérito alguno en la idea, y presumiblemente solo podría contar con Podemos e Izquierda Unida (comunistas), y ni siquiera al 100% de su militancia en ambos casos. Es dudoso que más de un tercio de españoles estuviera por la labor, y, por añadidura, sería una operación a varios años vista.
España ha estado mal fraguada, y la existencia de la UE, con su hipótesis de futura disolución de ingredientes más o menos nacionales en una olla a presión europeísta, no ha hecho sino excitar los sentimientos particularistas en contra del recipiente que llamamos Estado-Nación, cada día más en entredicho por la globalización económica y cultural. Y si hay que buscar un momento fundacional de un camino que nos ha llevado, con la notable aportación de un nacionalismo periférico insolidario, al cul de sac en que nos encontramos, habría que pensar en el comienzo del siglo XVIII cuando el unitarismo castellanista creyó que España podía ser Francia.
La rectificación del Estado de las Autonomías, tras el fracaso de la tentativa republicana a causa de la sublevación cívico-militar de la derecha española, no solo no parece haber sido suficiente, sino que al acercar el horizonte de un autogobierno pleno y soberano ha hecho aparentemente factible lo que solo hace unos años no pasaba de desiderátum. Por todo ello, los días que faltan para el 27-S estarán cargados de tensas expectativas y graves premoniciones. No habrá independencia de Cataluña, porque difícilmente una mayoría del censo en Cataluña, el resto de España o Europa lo quieren, pero tampoco cabe esperar el apaciguamiento de los espíritus. Cataluña es el gran problema de España, o España de buena parte de Cataluña. Lo menos que cabe decir es que los españoles, lo que quieren y los que no quieren serlo, se tienen que pensar de nuevo.
* Columnista de El País de España
A COMIENZOS DEL SIGLO XXI EL único gran Estado-Nación europeo que tiene graves problemas de identidad es España.
Es cierto que Checoslovaquia desapareció como consecuencia de un apacible referéndum para convertirse en Chequia y Eslovaquia, que es de donde venía; y una sangrienta trifulca balcánica dio al traste con Yugoslavia, que se resolvió recuperando los retales con los que el mariscal Tito se había confeccionado un traje a medida. Pero el mundo podía haberse ahorrado un país relativamente heterogéneo con capital en Praga y los hechos demostraron que había sido una funesta ocurrencia reunir a los llamados ‘eslavos del sur’. Y hoy una parte notable, pero seguramente no mayoritaria, de los siete millones y pico de catalanes estiman que no son españoles; que su “comunidad imaginada” (Benedict Anderson) es únicamente Cataluña. Ese es el gran fracaso español.
El próximo 27 de septiembre se van a celebrar en Cataluña unas elecciones constitucionalmente autonómicas, que el Gobierno de esa comunidad quiere convertir en plebiscito por la independencia. Cuenta para ello con obtener una mayoría absoluta de diputados entre la lista unitaria, que apoyan los dos principales partidos nacionalistas, Convergència y Esquerra, y una tercera formación, las CUP, de extrema izquierda, y todo ello haciendo caso omiso del grado de afluencia las urnas; es decir que si el nacionalismo radical catalán sacara el 50+1 de una votación del 50% de censados, daría por aprobada la independencia con el 25% de conformidades personales.
Tras varios años de declaraciones y actuaciones por la vía de la legalidad para anular los pasos hacia la separación, sin que eso impresionara ni poco ni mucho a las autoridades de Barcelona, el presidente del Consejo, Mariano Rajoy, PP, derecha clásica, puede verse obligado en las semanas próximas a hacer algo más, como sería la suspensión temporal de la autonomía, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución: la toma del poder por el Gobierno de Madrid. Pero como no es en absoluto seguro que la mera declaración sirva de nada, es de temer que el Estado piense en imponer por la fuerza sus decisiones, gravísima decisión, porque cualquier movimiento airado llevaría más agua al molino independentista y la herida se enconaría hasta hacerse de muy difícil cicatrización.
¿Hay alguna solución que no acarree el agravamiento del conflicto? A corto plazo, ninguna.
En lo único en lo que cabría pensar, aunque doctas opiniones como la del historiador catalán Josep Fontana lo consideran tardío e insuficiente, sería el eventual reconocimiento de la plurinacionalidad de España, algo así como un regreso a lo que durante siglos se llamó las ‘Españas’, o la constatación de que la idea castellana de España había fracasado.
Esa plurinacionalidad implicaría una redistribución del poder entre los diferentes pueblos peninsulares, de forma que se buscara el cobijo institucional de una Federación o aun de una Confederación. Ese planteamiento está muy lejos, sin embargo, de recibir un apoyo mayoritario en el país, en todo el país. Difícilmente ningún votante del PP lo respaldaría, y habría que ver cuántos del PSOE estarían de acuerdo. Ciudadanos, como partido españolista de origen catalán, no vería mérito alguno en la idea, y presumiblemente solo podría contar con Podemos e Izquierda Unida (comunistas), y ni siquiera al 100% de su militancia en ambos casos. Es dudoso que más de un tercio de españoles estuviera por la labor, y, por añadidura, sería una operación a varios años vista.
España ha estado mal fraguada, y la existencia de la UE, con su hipótesis de futura disolución de ingredientes más o menos nacionales en una olla a presión europeísta, no ha hecho sino excitar los sentimientos particularistas en contra del recipiente que llamamos Estado-Nación, cada día más en entredicho por la globalización económica y cultural. Y si hay que buscar un momento fundacional de un camino que nos ha llevado, con la notable aportación de un nacionalismo periférico insolidario, al cul de sac en que nos encontramos, habría que pensar en el comienzo del siglo XVIII cuando el unitarismo castellanista creyó que España podía ser Francia.
La rectificación del Estado de las Autonomías, tras el fracaso de la tentativa republicana a causa de la sublevación cívico-militar de la derecha española, no solo no parece haber sido suficiente, sino que al acercar el horizonte de un autogobierno pleno y soberano ha hecho aparentemente factible lo que solo hace unos años no pasaba de desiderátum. Por todo ello, los días que faltan para el 27-S estarán cargados de tensas expectativas y graves premoniciones. No habrá independencia de Cataluña, porque difícilmente una mayoría del censo en Cataluña, el resto de España o Europa lo quieren, pero tampoco cabe esperar el apaciguamiento de los espíritus. Cataluña es el gran problema de España, o España de buena parte de Cataluña. Lo menos que cabe decir es que los españoles, lo que quieren y los que no quieren serlo, se tienen que pensar de nuevo.
* Columnista de El País de España