EL PAÍS COMPLETA UN MES SIN JUSticia. Cualquier otro servicio público que entrase en una huelga así de larga pondría el país en jaque. Pero en una sociedad donde reina la impunidad, la ausencia de este servicio público pasa inadvertida para el grueso de la población. Los ciudadanos saben que no pueden esperar gran cosa de la administración de justicia.
Conocen de sobra la lentitud de los procedimientos legales y la ausencia de transparencia. Al colombiano no hay que explicarle que el culpable tiene más protección que el inocente. El ciudadano sabe que lo más injusto que hay en este país es la forma como se imparte justicia.
Desde la reforma constitucional de 1991, se han invertido billonarios recursos en mejorar el funcionamiento del aparato judicial. No se puede argumentar que la justicia no ha recibido atención de los diferentes gobiernos. Por el contrario, ha sido una de las áreas privilegiadas al momento de la asignación presupuestal. Otra cosa es que hayan sido mal administrados. Tenemos una impresionante batería de Cortes en conflicto. Inflados por sus egos, los altos magistrados han convertido la justicia en un caos sin límites. Ni ellos mismos se respetan ni acatan sus fallos.
Mientras tanto el pueblo reclama a gritos justicia. Las impresionantes imágenes de ira del pueblo de Chía hablan por sí solas. Cuando no hay justicia, se impone la venganza. El ciudadano honesto sabe que el culpable no recibirá el castigo que merece. Por eso quiere tomarse la justicia en sus manos e intenta linchar al que sabe es culpable. En una impresionante declaración esta semana, el Director General de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, afirmó que la Policía debe enfrentar cada vez con mayor frecuencia casos de poblaciones que ejercen la venganza, pues están hastiadas de la inoperancia de la justicia. Como en el antiguo Oeste americano, los ciudadanos actúan cuando los jueces los abandonan.
Millones de páginas se han escrito sobre el tema de la congestión de la justicia. Se han gastado fortunas en estudios para agilizar los procedimientos. Ya no se cuentan las reformas a la justicia que no producen resultados. La frustración del ciudadano frente a este fracaso es creciente y peligrosa para la democracia. El avance del narcotráfico habría sido contenido si la justicia hubiese funcionado cuando era un fenómeno aislado. El paramilitarismo no se habría desarrollado si desde el inicio la justicia hubiese condenado a quienes intimidaban a la población. La corrupción no estaría enseñoreada en el Estado si los ladrones de cuello blanco hubiesen sido perseguidos por la justicia. El ciudadano no andaría armado si los bandidos estuviesen en las cárceles.
Los grandes males de esta sociedad provienen de la ausencia de justicia. El juez y el maestro son los dos grandes formadores de conciencia social. Su actuación debe fijar las pautas de la moral social. El juez es un faro que debería alumbrar al ciudadano por su rectitud, transparencia y diligencia. Pero no es el caso de Colombia. Los jueces prefieren marchar por sus exigencias laborales.
Un país sin justicia es lo más parecido a un infierno.
