Si yo fuera

SI YO FUERA EL MINISTRO DE AGRIcultura renunciaría. Lo haría porque el Gobierno le ha quitado el respaldo y el único que no parece haberse dado cuenta es él.

El Presidente de la República ha dicho públicamente que los subsidios cuestionados, y que no han sido desembolsados, no deben entregarse a los beneficiarios. Recientemente el Secretario de Prensa de Palacio, en solemne declaración, afirmó que el programa Agro Ingreso Seguro será reacomodado para beneficiar únicamente a pequeños agricultores. Todo ello, sumado al costo político y de imagen que el Gobierno está pagando, debería llevar al Ministro a retirarse. Pero en Colombia sabemos que nadie renuncia porque la actividad pública es ejercida por personas que sólo les interesa el poder.

Si yo fuera el senador Jorge Enrique Robledo —hombre íntegro y vertical— tendría cuidado en tratar de singularizar de corruptos y bandidos al Gobierno exigiendo renuncias. ¿Se olvida él del escándalo que vincula con investigación al personero distrital Rojas Birry? ¿Se olvida de los favores clientelistas en la Secretaría de Gobierno distrital? ¿Se olvida de los escándalos en la adjudicación del relleno de Doña Juana? ¿Desconoce el manto de dudas sobre la transparencia de la contratación en Bogotá y la injerencia de prestantes figuras directivas del Polo Democrático en estos procesos? No se trata de afirmar que como todos son corruptos entonces nadie puede denunciar la corrupción. Pero tampoco resulta aceptable un doble estándar ético.

Algunos consideramos que la adjudicación de los subsidios agrícolas a personas que no los requieren, así sea legal, es moralmente inaceptable. Tampoco es éticamente válido que algunos de los beneficiados hayan sido contribuyentes económicos de las campañas políticas. Aunque no se hayan presentado violaciones legales, todo esto no tiene presentación. Veremos si alguno de los adjudicatarios a los que el Gobierno acaba de borrar de la lista se atreve a demandar pues también es arbitrario cambiar, de la noche a la mañana, los criterios de asignación sin tener en cuenta que las actuaciones administrativas se presumen legales.

Más grave aún es cuando se utiliza el poder político para amañar licitaciones, descartar arbitrariamente oferentes, otorgar comisiones, aceptar sobrecostos y demás triquiñuelas propias de la sucia contratación pública. Esto ocurre en entidades del Gobierno Nacional, pero también en las administraciones del Polo Democrático, del Partido Liberal, del Conservador y de todos los movimientos políticos. Ninguno escapa a los vicios de la politiquería y la corrupción. La idea que la oposición tiene las manos limpias y la autoridad moral para denunciar a los corruptos del Gobierno es muy cuestionable y no resiste el análisis de los hechos.

Si yo fuera el Ministro de Agricultura renunciaría. Si fuera el personero Rojas Birry hace meses que habría renunciado. Si fuera el senador Robledo dedicaría más energía a limpiar mi propio partido para convertirlo en un polo de moralidad y transparencia que pudiera, sin rabo de paja, convertirse en un faro en la lucha contra la corrupción. No sea que el que hoy lanza piedras resulte mañana lapidado.