Dos días después del terremoto más letal que ha tenido Colombia en los últimos 27 años, mientras vecinos y rescatistas lo daban todo por salvar vidas atrapadas entre los escombros, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, nos contaba que el gobierno de De la Espriella los autorizó a realizar operativos militares en el país. Fue la tercera vez, en una semana (y sin cumplir 15 días de gobierno), que nos enteramos de asuntos trascendentales por políticos de otros países. Primero, fue el designado embajador gringo, John McNamara, quien nos avisó que íbamos a salirnos del club de negocios con China; después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nos explicó que las autoridades colombianas declinaron el envío de rescatistas y personal médico extranjero, cuando en diferentes municipios de Risaralda, Chocó y en Buenaventura la gente denunciaba que no llegaban las fuerzas nacionales de rescate o eran insuficientes para la magnitud de la tragedia.
Más allá de la anécdota de cómo nos estamos enterando de las decisiones de política exterior, autorizar a los estadounidenses a realizar operaciones militares en nuestro territorio nos remonta a épocas inquietantes. En 1959, con el triunfo de la Revolución cubana, Washington modificó su cooperación en Latinoamérica, ampliando la visión militar de su ayuda. Bajo un discurso de “modernización”, impulsó una agenda social y económica de industrialización para evitar brotes comunistas en el continente.
Como era de esperarse, esta fórmula se complementó con la profundización de la asistencia militar. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Mutua, en 1958, por parte del Congreso de Estados Unidos, se creó el Programa de Asistencia Militar (PAM) para autorizar misiones militares y ayuda económica estadounidense a la Fuerza Pública colombiana. La iniciativa se materializó, sobre todo, por los buenos oficios del presidente Alberto Lleras Camargo, que encuadró el conflicto de tierras naciente a la lógica anticomunista de la Guerra Fría, con las llamadas “repúblicas independientes”, y avaló la arremetida militar sobre estos territorios y poblaciones campesinas en Tolima, Huila y Cauca. También recibió la primera misión oficial de la CIA en 1959.
La segunda misión, enviada en 1962, estuvo conformada por militares de Fort Bragg (Carolina del Norte), la base militar estadounidense, conocida también como la Escuela de las Américas (School of the Americas o SOA, por sus siglas en inglés, que tras años de denuncias y presiones cambió su nombre en 2001). Se trata del centro de entrenamiento que ha tenido en sus aulas al mayor número de jefes militares y de inteligencia condenados por graves delitos en la región como masacres, torturas, golpes de Estado y escuadrones de la muerte, según organismos de derechos humanos, tribunales y comisiones de la verdad.
Pero volvamos a 1962. Al mando de esa segunda misión estuvo el general estadounidense William P. Yarborough, quien acompañó y asesoró el diseño del Plan Lazo, bajo la coordinación del general Alberto Ruiz Novoa, por parte del Ejército colombiano. Dentro de las recomendaciones que hizo, Yarborough reforzó la necesidad de realizar acciones cívico-militares dirigidas a la atención y asistencia de la población; un programa de propaganda en contra de los “bandidos”; el entrenamiento clandestino de paramilitares y el diseño de un plan de guerra psicológica y de adoctrinamiento de tropas. La nueva doctrina se materializó, entre otras, con el entrenamiento de militares colombianos en la Escuela de las Américas y en la creación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia que se cerró en 2011, tras una década de graves escándalos de corrupción, infiltración paramilitar y persecución política a través de interceptaciones y seguimientos ilegales.
Con el fin de la Guerra Fría en 1989 y los ataques del 11 de septiembre de 2001, el discurso giró hacia la “guerra contra el narcoterrorismo”. Así se estructuró el Plan Colombia, que fortaleció de manera monumental las capacidades del Estado para hacer la guerra y, de ladito, ayudó a la protección de los intereses económicos de Estados Unidos en el país. Por ejemplo, en febrero de 2002, la entonces embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que el presidente Bush solicitaría 98 millones de dólares adicionales para entrenar y equipar a la Brigada XVIII del Ejército, con el fin de proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas de ataques guerrilleros: “(...) Es importante para el futuro del país, para nuestras fuentes de petróleo y para la confianza de nuestros inversionistas”, dijo.
Historias que resuenan con fuerza en la era Trump; con su doctrina Monroe 2.0, su Escudo de las Américas y su coalición de países de derecha “anticarteles”, a la que, muy obediente, ya anunció su ingresó el nuevo presidente de Colombia.
Por Natalia Herrera Durán
