Iván Cano está libre, pero sigue lejos

La justicia mexicana cercó a Iván Cano. Le dijo que si aceptaba el delito de porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas podía salir mucho antes de la cárcel a si seguía insistiendo en su inocencia. La diferencia era sustantiva. Podía enfrentar una condena de diez años o salir en cerca de tres. Su madre, que lo veía deprimido, enfermo y en los huesos, lo convenció.

En diciembre de 2025, revelamos su historia en El País México, junto con la periodista española Beatriz Guillén. Luego, por fortuna, otros medios en Colombia y México también se interesaron en su caso. ¿Cómo no? Un colombiano de 25 años con una fuerte discapacidad física que denunciaba haber sido reclutado a la fuerza por el cartel y luego arrestado injustamente por la Guardia Nacional.

Llegó a México, engañado, con la ilusión de una promesa de trabajo. Los gastos de traslado los pagó una supuesta compañía mexicana de paquetería que se había interesado en su perfil de técnico del SENA en sistemas informáticos. Al aterrizar en Guadalajara, en el estado de Jalisco, lo secuestraron. Durante dos semanas, Iván fue golpeado por no poder realizar ciberataques para la organización. Querían que jaqueara para ellos, pero él ni siquiera tenía el conocimiento para hacerlo.

Cuando la Guardia Nacional irrumpió en el lugar, en vez de ayudarlo y reconocerlo como víctima de trata de personas para cometer actos delictivos, lo golpearon y presentaron como un criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dijeron que él mismo les había dicho que su alias era Guacamaya y que hacía parte de las FEM, unas siglas que Iván asegura no conocer y se refieren a las fuerzas especiales de seguridad al mando del entonces jefe del cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, o el Mencho, cuya muerte se reportó en febrero de este año.

Ivan fue acusado por la Fiscalía de portación de armas exclusivas del Ejército, ignorando que el testimonio que originó el operativo de la Guardia Nacional donde fue capturado señaló que en ese rancho había personas secuestradas, víctimas de trata. Además, desconociendo que por el síndrome de Marfan que padece desde su infancia, Iván difícilmente puede cargar el peso de un arma larga, o disparar con puntería.

Aún así, con suficientes indicios y elementos a su favor, el camino jurídico para demostrar su inocencia era más largo de lo que podía soportar. Por esa razón, aceptó el procedimiento abreviado. En México, el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso penal. La persona acusada debe admitir su responsabilidad, renunciar a su derecho a un juicio oral y aceptar una sentencia con base en las pruebas de la Fiscalía.

Por eso, durante la audiencia del 27 de mayo de 2026, Iván aceptó el delito y su defensa pidió reducir la pena, atendiendo sus circunstancias de salud. Al final, el juez aceptó la propuesta y fue más allá al dictar su sentencia: ordenó su libertad inmediata, condicionada a cumplir solo un año y ocho meses de pena extramural. En ese tiempo, no puede salir de México y debe pagar una especie de fianza por 20.000 pesos mexicanos (unos 1.150 dólares). Desde que salió de la cárcel, Iván volvió a dormir, aunque sabe que vienen días difíciles. Debe regularizar su situación migratoria y conseguir un empleo, pero ya no tiene la zozobra de la prisión que se le encaramaba en la espalda. Su familia no pierde la ilusión de que, más adelante, el juez acepte deportarlo a Colombia para que esté, por fin, cerca de los suyos. Ya pasó un año desde esa mañana de mayo en que Iván pensó que viajaba a México por un trabajo soñado que terminó en pesadilla.