La lucha de Enilda por la restitución de la finca El Labrador

La voz de Enilda Jiménez suena emocionada. Tras una década de espera, una sentencia de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia le ha dado la razón. La decisión, fechada el 20 de enero de 2026, ordena restituir a Enilda y sus hermanos la mitad de El Labrador, una finca bananera en Apartadó que perteneció a su padre. A mediados de los años noventa, en medio de la violencia extrema que azotaba la región, el predio terminó en manos de sus entonces socios y amigos: los Argote. Una próspera familia de empresarios y ganaderos de origen guajiro que ha sido mencionada con frecuencia en tribunales por casos de despojo y posible financiamiento de estructuras paramilitares en Urabá, aunque la Fiscalía no ha formalizado procesos por este último delito.

La historia de El Labrador, que parece inspirada en una serie de Netflix, se detalla en el fallo judicial. Samuel Jiménez adquirió las 45 hectáreas de El Labrador y, en 1991, se asoció con Antonio Argote para producir banano. Un año después, bajo la presión del EPL, Jiménez fue secuestrado durante 34 días. En ese periodo, Argote cubrió los gastos de la familia de su socio. Al recuperar la libertad, Jiménez se vio obligado a cederle una parte de la empresa como compensación económica. El 6 de octubre de 1996, con el avance paramilitar en la zona, Samuel Jiménez fue asesinado. Lo mataron exguerrilleros del EPL que terminaron cambiando de orilla para delinquir en las filas del paramilitarismo. El crimen fue confesado en 2008 por el exjefe paramilitar Hebert Veloza García, alias HH, ante el sistema de Justicia y Paz antes de su extradición.

Tres meses después del asesinato, Antonio Argote informó a la familia Jiménez que la sociedad El Labrador había liquidado las acciones del difunto. Según él, la finca ya no les pertenecía e incluso le debían 34 millones de pesos. Argote justificó la deuda alegando que él había pagado la extorsión del secuestro de Samuel y presentó un recibo a mano como prueba.

Durante el proceso judicial, los Argote, representados por la Promotora Plantaciones del Darién S.A., argumentaron que se trató de una venta de acciones pactada entre amigos. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta versión al considerar que no fue una compra de buena fe. De hecho, el fallo subraya que Argote conocía perfectamente el secuestro y la vulnerabilidad económica de su socio. Además de la restitución, la justicia ordenó que el proyecto bananero actual pase a la Unidad de Restitución de Tierras para reparar a los Jiménez y financiar programas para otras víctimas de la región.

Aunque el camino jurídico de este fallo sigue enredado, Enilda mantiene la esperanza. Su tenacidad está más que probada. La conocí en 2021, el año en que el Tribunal admitió estudiar el caso de la finca El Labrador. El mismo año en que ella misma dio un vuelco radical a su vida. Pasó de trabajar con el Estado, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales de acompañamiento a víctimas del conflicto armado a enfrentar su propia historia. Abrazó con dignidad su identidad chilapa –como se les dice a los migrantes cordobeses en Urabá– y volvió para luchar por la tierra de la que fue desplazada cuando tenía siete años. Junto a sus 20 hermanos logró constituir la Reserva Natural Surikí en Nueva Colonia. Son casi 500 hectáreas de conservación en el corredor Darién-Urabá, uno de los puntos más biodiversos del mundo. Allí, donde habitan jaguares, manatíes y monos araña, han creado un modelo de regeneración ambiental y reconciliación comunitaria. Hoy, su proyecto cuenta con el sello Destino de Paz del Ministerio de Comercio, demostrando que la lucha por la tierra también puede ser un camino hacia la sostenibilidad y la vida.