Intocable. Así describe la denuncia, que llegó hace unos días a mi correo electrónico, a Diego Mauricio Carvajal Cárdenas, secretario de la Institución Educativa Rural Departamental Miñá y Ticha, en Guachetá. Y, sí, la verdad es que es incomprensible por qué Carvajal sigue activo y vinculado a un colegio público, a pesar de los señalamientos de acoso, violencia sexual y tratos indebidos con estudiantes que tiene en su contra hace años.
En un escenario seguro para las niñas y adolescentes que acuden a esta institución, Carvajal habría sido retirado de su cargo. Al menos, hasta esclarecer, de la mano de las autoridades competentes, si son ciertas o no estas versiones. En cambio, sigue como si nada, trabajando en un colegio de cerca de 500 estudiantes de familias campesinas de escasos recursos en este municipio lechero y minero de Cundinamarca.
La más reciente denuncia, que ya tiene en conocimiento la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Procuraduría y la Personería Municipal de Guachetá, es del 1 de diciembre de 2025. En esta se relata, en detalle, las actuaciones que pesan en su contra.
Una de ellas es la cercanía inusual y fuera de todo contexto académico que tiene el secretario Carvajal con una alumna con discapacidad cognitiva. Estos encuentros, según los testimonios, han ocurrido en la propia oficina del secretario Carvajal, así como se le ha visto salir del colegio en su compañía. “Este caso es de especial sensibilidad teniendo en cuenta la vulnerabilidad particular de la estudiante”, dice la denuncia y sostiene que el coordinador, la rectora y el orientador escolar saben del tema.
Pero eso no es todo. A esto se suma la versión de otra estudiante que relató cuando Carvajal le mandó emojis de corazón y el mensaje: “¿cómo estás bonita?”, en respuesta a alguno de sus estados de WhatsApp. Cuando ella preguntó de quién se trataba, contestó la pareja sentimental de Carvajal (una joven que, hace dos años, aún siendo estudiante de la institución se involucró sentimentalmente con Carvajal y se fue a vivir con él), cuestionando por qué le escribía a Carvajal. Ella le aclaró que solo quería saber quién era la persona que le estaba enviando corazones, sin saber que se trataba del secretario del colegio. “El señor Carvajal Cárdenas tenía el número de esta estudiante y le mandó mensajes, aprovechando su rol de secretario, ya que este canal se usó para el envío de documentos administrativos”, dice la denuncia.
Tampoco son los únicos mensajes inapropiados que estudiantes han denunciado de Carvajal. Otra estudiante recibió un mensaje a su WhatsApp personal de su parte en el que le preguntaba si tenía frío o calor. Cuando ella dijo “frío”, él le escribió: “ni modos de calentarla”. El caso también fue reportado por la estudiante y sus compañeros de grado a las directivas del colegio y el orientador escolar lo remitió a la Comisaría de Familia de Guachetá.
Lo más grave es que Carvajal enfrenta en la actualidad un juicio por actos sexuales con una niña de 9 años. La Fiscalía encontró pruebas suficientes para acusarlo ante un juez de este delito, que está a la espera de una decisión judicial. De acuerdo con el informe de policía judicial, que reposa en el expediente, la sobrina de la entonces pareja de Carvajal denunció, en noviembre de 2021, que él “le tocaba sus senos, su vagina y la cola” cuando se quedaba con ella y que, además, le habría pedido que se grabara con el celular cuando estuviera en el baño. Durante el proceso, él ha negado cualquier contacto con la niña.
Contacté a Carvajal para conocer su versión de estos hechos, pero no quiso pronunciarse y me remitió a sus abogados. Sobre los mensajes y contactos inapropiados con estudiantes, Carvajal dijo, en un principio, que se trataba de una persecución laboral en su contra y, luego, no quiso contestar más mi llamada. La rectora de la institución, Sandra Arenas, tampoco quiso explicar por qué no se han atendido con diligencia estas graves denuncias. Parece obvio decir que los colegios deben ser lugares seguros, libres de intimidación, acoso y violencias, en especial aquellos que se sostienen con recursos públicos. El caso del secretario Carvajal y la Institución Educativa Rural Departamental Miñá y Ticha de Guachetá revela lo contrario.
Por Natalia Herrera Durán
