América Latina atraviesa un momento crítico y no solo se trata de la amenaza de Donald Trump de ejecutar, a las malas, su ambiciosa política Monroe. Los avances en derechos humanos y democracia enfrentan una contraofensiva feroz. No es un fenómeno aislado, sino una estrategia articulada por grupos “antiderechos”. Una alianza entre élites económicas, sectores conservadores y fundamentalismos religiosos cuyo fin es claro: restringir libertades para blindar la concentración de poder y riqueza. Esa es una de las principales conclusiones del informe Libertades en riesgo: ¿Quién gana y quién pierde? Grupos antiderechos y desigualdades en América Latina y el Caribe, de Oxfam, que se hará público muy pronto.
Denia Arteaga, una de las investigadoras del informe, explica que nuestra región es la más desigual del mundo: el 1 % más rico posee 55 veces más riqueza que el 50 % más pobre. Pero esa brecha tiene un sesgo de género y raza preocupante. Mientras la acumulación de capital permanece en manos masculinas, la pobreza golpea con fuerza a mujeres jóvenes, rurales, afrodescendientes e indígenas.
Por eso, inquieta especialmente que los grupos antiderechos sigan avanzando. Su batalla es principalmente narrativa; utilizan mensajes emocionales y simplistas que convierten, por ejemplo, a la “ideología de género” en un enemigo común para movilizar el miedo y legitimar discursos de odio. Atacan, por ejemplo, la educación sexual integral y promueven la maternidad obligatoria como forma de control social.
Y esto, sin duda, impacta la vida de las niñas y mujeres. En regiones desarrolladas se registran 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, mientras que en las regiones en desarrollo, como América Latina, la cifra asciende a 220, evidenciando la profunda desigualdad en el acceso a servicios de salud seguros. Hoy, según este documento, cerca del 45 % de los abortos se realizan en condiciones peligrosas y el 97 % ocurre en países en desarrollo: donde tres de cada cuatro abortos se realizan en América Latina.
Bajo banderas neoliberales, impulsan la figura de un “Estado mínimo” que, en la práctica, desmantela políticas públicas de protección social. Los gobiernos en Argentina y El Salvador están mostrando cómo este repliegue estatal despolitiza a la sociedad y debilita a los movimientos que articulan demandas de inclusión.
El informe de Oxfam sostiene que al criminalizar a los colectivos feministas y LGBTIQ+ pretenden profundizar en desigualdades estructurales. En este esquema, la familia patriarcal funciona como un mecanismo de control donde la sobrecarga de trabajo doméstico limita la autonomía de las mujeres: hoy, el 27 % de ellas carece de ingresos propios y más de la mitad sobrevive sin seguridad social en América Latina.
Pero estas estrategias no se detienen en lo económico; también atacan la diversidad cultural imponiendo valores religiosos que borran otras identidades. Además, mediante la manipulación de redes digitales, granjas de bots y laboratorios de ideas, se están instalando mensajes empaquetados que apelan a un supuesto “sentido común” para validar la exclusión.
Ante este escenario, el llamado de este informe es a la acción. Desarmar estas redes requiere fortalecer la acción colectiva y generar alianzas en diferentes sectores. En el fondo, sólo mediante la redistribución de recursos y un modelo de desarrollo que supere el extractivismo podremos construir Estados verdaderamente inclusivos para la mayoría. Aunque los Bukele, Milei, Katz o Trump están más vigentes que nunca, no podemos perder la esperanza y el compromiso de crear sociedades más justas.
Por Natalia Herrera Durán
