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La denuncia pública del ministro del Interior, Armando Benedetti, de ser víctima del sofisticado y controvertido Pegasus (o de una herramienta muy similar de hipervigilancia), despeja un camino necesario: si hay personas que han identificado el software, se necesitan respuestas de la empresa NSO Group.
El análisis del ingeniero forense Milton Cuadros, a quien contrató Benedetti, determinó la presencia en el celular del ministro de un virus malicioso capaz de activarse con el método “cero clic”. Una herramienta que puede espiar en tiempo real y que no deja rastro fácilmente.
Pegasus es un programa informático de hipervigilancia que, según NSO Group, solo pueden adquirir Estados para prevenir acciones terroristas o criminales, y que tiene un costo altísimo. Y, aunque hay suficientes pruebas de que Colombia lo adquirió en 2021, aún no se sabe dónde se encuentra el software, quién lo usó y contra quién se dirigió el espionaje.
En marzo de 2024, el medio israelí Haaretz reveló detalles precisos de su compra. Seis meses después, en septiembre de 2024, el propio presidente Gustavo Petro reveló una carta clave. El documento, fechado el 27 de agosto de 2024, provenía de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel (IMPA) y estaba dirigido al entonces director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.
El IMPA detalló dos actividades financieras inusuales, relacionadas con la adquisición de este software por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de Colombia, que para la fecha de estos hechos, estaba a la cabeza del general Jorge Luis Vargas. La transacción se hizo con dinero en efectivo, llevado desde Bogotá a Tel Aviv. El primer depósito se consignó el 30 de junio de 2021. El pago total se completó el 22 de septiembre de 2021 por 11 millones de dólares en efectivo. La operación se dio en el momento del estallido y la protesta social en Colombia, justo antes de que se activaran las campañas a la Presidencia.
No fue cualquier año. En 2021 también se publicó el Proyecto Pegasus: una investigación global de más de 80 periodistas (de 17 medios) coordinados por Forbidden Stories y Amnistía Internacional. El proyecto reveló la filtración masiva de 50.000 números de teléfono, seleccionados como posibles objetivos de vigilancia con este software.
La lista de víctimas incluyó a más de 180 periodistas de medios como The New York Times, CNN y Associated Press. México fue el país más afectado, con más de 15.000 objetivos, entre ellos las periodistas Carmen Aristegui y Griselda Triana. Se reveló también que los familiares del periodista asesinado Jamal Khashoggi en Arabia Saudita fueron espiados antes y después de su muerte. En Hungría, Azerbaiyán y Ruanda, la herramienta se usó para silenciar a la sociedad civil y a opositores políticos. Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y varios de sus ministros, aparecieron como objetivos, asociados a un cliente marroquí.
Debido a esto, Estados Unidos incluyó a NSO Group en su Lista Negra de Comercio. Meta también los demandó por el hackeo de 1.400 usuarios y la empresa tuvo que pagar una multa de 168 millones de dólares por este caso.
El Proyecto Pegasus marcó un antes y un después para los derechos humanos en la era digital. No fue un simple hackeo, sino la exposición de una arquitectura de vigilancia y violencia política, sin ningún escrúpulo. Es cierto que la postura histórica de NSO Group ha sido de negación, seguida de la promesa de “investigar denuncias creíbles”.
Rara vez la empresa ha respondido públicamente sobre el uso indebido de su herramienta. Solo lo ha hecho cuando la hipervigilancia ha sido detectada. De ahí la importancia de la denuncia de Benedetti. Si el expresidente Iván Duque sigue en estado de negación y el general Vargas quiere permanecer en silencio, es tiempo de que la sociedad le exija a la empresa que retire el velo de misterio de esta compra que, como en otros países, pudo prestarse para abusos.
Por Natalia Herrera Durán
