Por la abolición de que haya vientres de mujeres pobres para alquilar en Colombia

Al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Cortés, llegó hace unos días un detallado concepto, de 59 páginas, que pide, sin ambages, que el alto tribunal, en su sala plena, considere la abolición de la reproducción subrogada en Colombia, también conocida como vientres de alquiler. Lo realizó el Grupo de Investigación en Derecho Privado y su Observatorio Familias, Infancia y Adolescencia, de la Universidad Externado de Colombia; la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, de la Universidad de La Sabana; y un equipo de atención a víctimas de violencias sexuales contra mujeres.

La tesis es clara: “Bajo la apariencia de un supuesto acuerdo privado o de una supuesta técnica médica de apoyo a la fertilidad, se esconde un sistema global de explotación que instrumentaliza el cuerpo de las mujeres y mercantiliza la vida humana desde su origen”.

En el país, además, la ausencia de una ley específica ha permitido que esta industria se desarrolle “en una zona de impunidad jurídica, donde la vulnerabilidad económica y social de las mujeres se convierte en la base de un negocio transnacional que opera sin control estatal, sin transparencia y con un alto costo en términos de derechos humanos”, dice el documento.

Un lucrativo negocio global que está en aumento. El informe de Global Market Insights de 2025 estima que el valor de la industria de gestación subrogada pasará de USD 27.9 mil millones en 2025, a más de USD 200 mil millones en 2034. Una tasa de crecimiento anual del 24 %. En Colombia, todos los días llegan extranjeros en busca de evitar las restricciones legales que ya existen en otros lugares y detrás, sobre todo, de los planes low cost, o de costo reducido, que ofrecen las agencias y clínicas para esta práctica.

En Estados Unidos o Europa, los costos de la reproducción subrogada oscilan entre USD 100.000 y USD 150.000, mientras que en Colombia se ofrecen planes que van, sin ningún control estatal, entre USD 4.000 y USD 10.000. Las mujeres que gestan (las que ponen su salud física y mental en juego) suelen recibir solo entre el 10 % y el 27 % de ese valor. La mayor parte se distribuye entre agencias, clínicas de fertilidad y firmas de abogados. Son ellos quienes más se lucran, al tiempo que no asumen ningún riesgo ni responsabilidad si algo no sale según lo previsto.

El asunto ha empezado a investigarse con seriedad. Hace unos días, la revista española La Marea publicó un completo especial periodístico sobre reproducción subrogada que incluye una mirada a fondo del caso colombiano. Los reportajes de Marina Sardiña y Marco Dalla Stella dan un panorama complejo del fenómeno y revelan un negocio opaco, donde numerosos actores se benefician de los vacíos legales existentes y en el que las mujeres gestantes son la parte más vulnerable del proceso. Para eso, analizaron documentos, revisaron la actividad de estas empresas en redes y entrevistaron a funcionarios, agentes, profesionales y exprofesionales de las clínicas, abogadas, legisladoras y, claro, a decenas de mujeres gestantes.

Una de estas fue Marta* que confesó lo que no quieren escuchar en entrevistas radiales quienes se lucran del negocio: “Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica”. O Elena*, madre subrogada de gemelos, que dijo que “muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación”. No se quejan, pero cada vez más hablan de lo que están viviendo, como lo describió Marina. Lo susurran en las salas de espera de los centros médicos o a través de mensajes de texto. Cada vez más relatan los impactos de las hormonas, los casos de preeclampsia que ponen en riesgo su vida, las cicatrices de las cesáreas de emergencia, el llanto irrefrenable que viene después de entregar a los bebés y el fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar.