Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El militar se arrodilló y les pidió perdón. Yésica Giraldo y su abuela lo abrazaron: había asesinado al padre de Yésica para pasarlo como una baja en combate hace 22 años. La escena ocurrió durante la más reciente audiencia de estos delitos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí, varios militares que perpetraron ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño reconocieron que secuestraron, torturaron, mataron e hicieron pasar como guerrilleros a personas inocentes cambio de incentivos ofrecidos por el gobierno Uribe, en su estrategia de seguridad democrática.
El gobierno actual ha encabezado potentes actos de rechazo a este fenómeno criminal. Hasta el propio presidente Gustavo Petro le ofreció perdón a las madres de Soacha en 2023, como máximo representante del Estado. Por lo anterior, resulta increíble que la Secretaría Jurídica de Presidencia haya devuelto, una vez más, el proyecto de decreto que el Ministerio de Defensa presentó para retirar las condecoraciones otorgadas a los militares del Batallón de Artillería La Popa, entre 2002 y 2005, que ya han reconocido ante la JEP su participación y responsabilidad en crímenes como el del padre de Yésica.
El oficio de Presidencia, hasta hoy desconocido, devuelve el proyecto de decreto que busca retirar las condecoraciones a los militares que ya admitieron ejecuciones extrajudiciales como medida de reparación a las víctimas y una garantía de no repetición para la sociedad.
Está fechado el 8 de mayo de 2026 y fue firmado por el asesor jurídico Rubén Darío Calderón Jaramillo. Las razones que expone el documento para rechazar la iniciativa de la cartera de Defensa tienen muchas arandelas jurídicas, pero poco sentido común.
Argumenta su negativa diciendo, por ejemplo, que “no se presentó evidencia donde se soporte debidamente que a las personas a quienes les será declarada la pérdida del derecho al uso de unas condecoraciones militares fueron condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ordinaria o por haber sido separados en forma absoluta de las Fuerzas Militares por conductas indebidas”. Para decirlo con claridad, según él, sin condena ordinaria no se puede retirar las condecoraciones, así ya hayan reconocido estos graves crímenes. Una iniciativa que, además, respeta el honor militar de quienes sí son merecedores de estos reconocimientos por su sacrificio en virtud de la ley, no por haber creado empresas criminales al interior del Ejército.
Sobre este asunto, hace menos de un mes, la JEP aseguró que sus registros de ejecuciones extrajudiciales han aumentado, como advirtieron desde el comienzo que podía suceder. Ya no son 6.402. Tras cruzar la información de cerca de mil informes de entidades del Estado, procesos judiciales y organizaciones de víctimas, el tribunal de paz estableció que 7.837 personas fueron asesinadas entre 1990 y 2016 para ser presentadas falsamente como bajas en combate. De esas, el 82% de los casos se dieron entre 2001 y 2008.
En el caso del batallón La Popa, en Valledupar, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó inicialmente a 15 miembros del Ejército por el asesinato extrajudicial de 135 personas entre 2002 y 2005. De ellos, doce militares reconocieron públicamente su responsabilidad ante el tribunal de paz y las familias víctimas en las audiencias de julio de 2022. Solo los coroneles retirados Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa rechazaron los cargos y se fueron a juicio adversarial. El primero ya fue condenado por la JEP a 20 años de prisión, en primera instancia.
El resto prefirió contar su verdad. Confesaron que el batallón operaba en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas. Los paramilitares entregaban civiles inocentes a los uniformados para legalizar estas muertes. La oficina de Inteligencia creaba carpetas falsas, a las víctimas les montaban armas sin salvoconducto para simular los combates y los presentaban como positivos operacionales. La comandancia exigía resultados medidos exclusivamente en cuerpos, otorgando premios y ascensos. Las principales víctimas fueron indígenas Wiwa y Kankuamo. Por estos testimonios de horror el caso está próximo a tener una Resolución de Conclusiones y las primeras sanciones restaurativas en la JEP.
¿En qué país vivirá el señor Calderón? ¿No se enteró acaso de estas audiencias en que los propios militares de La Popa han reconocido su responsabilidad en esos delitos? ¿Acaso no sabe que la JEP tiene la misma dignidad e importancia en el ordenamiento jurídico del país que un tribunal ordinario o militar? ¿El presidente Petro estará de acuerdo con que no se pueda adelantar esta medida de reparación a las víctimas que han denunciado hace años que estas condecoraciones son una humillación a su tragedia?
Colombia: el país de los abogados en donde a menudo una leguleyada se impone al deber ético de hacer justicia.
Por Natalia Herrera Durán
