Poco o nada avanzará el proceso de paz con el Eln si se insiste, de parte y parte, en negociar al margen de las ideas y los conceptos básicos de la justicia transicional.
El año pasado alias Antonio García, jefe máximo del Eln, fue enfático frente al reclutamiento de combatientes de las estructuras guerrilleras: “Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse”.
La misma idea fue repetida en una entrevista reciente con el periódico El País de España. En esta prácticamente dio a entender que el manejo que la guerrilla del Eln le da al DIH es digno de una ONG: “La vinculación es a partir de los 16 años y en el derecho internacional son menores de edad hasta los 15 años”.
Otra cosa suponen las agencias encargadas de hacerle veeduría al tema de las victimizaciones protagonizadas por los grupos armados. Y, por sobre todo, otra es la narrativa que con cifras en mano proyectó el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Según la Comisión, más de 1.000 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por el Eln entre 1990 y 2017.
Ahora el gobernador de Antioquia afirma que la práctica continúa.
Por todo lo anterior, es inaudito que el jefe negociador del Gobierno con el Eln, Otty Patiño, les haga eco a las posiciones de García sobre reclutamiento forzado de menores. Hace poco Patiño afirmó que quizás era cierto que quien entra al Eln lo hace por convicción. “¿De pronto es así, no?”, se preguntó el negociador con un gesto casi pícaro de lado.
Para luego afirmar, ya sin el gesto irónico, que en realidad no sabe. En otras palabras y una vez más en sintonía con el Eln, no ha leído el Informe Final de la Comisión de la Verdad. O no le interesan sus hallazgos.
