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Así resumió lo ocurrido esta semana un portal de noticias cuya única función es hacerle el trabajo sucio al ala radical del uribismo: “Lo cierto es que el episodio que se registró en las últimas horas en Mapiripán fue un ajuste de cuentas gansteril entre bandidos que están dispuestos a todo con tal de apropiarse del negocio maldito del narcotráfico, el cual creció exponencialmente durante el gobierno anterior”.
La referencia no pasaría de ser un ejemplo más de chabacanería periodística al servicio de la coyuntura y los intereses políticos del uribismo, al que hasta Iván Duque le resulta tibio, de no ser porque el ministro de Defensa también acudió a la hipótesis del “ajuste de cuentas” para explicar la masacre en la que fueron asesinadas seis personas.
Un ajuste de cuentas, entonces, que es como decir que no solo se lo merecían o se lo buscaron, sino que así actúan, en eso trabajan, a eso se dedican. Así son.
Otra versión del acontecimiento fue presentada por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, cuya oficina emitió una alerta temprana que no fue atendida a tiempo por el Ministerio del Interior. Para Negret, en la vereda La Realidad, en Mapiripán, el trabajo de campo realizado por su entidad fue suficiente para alertar sobre un escenario de riesgo en el que el ejercicio de la clarificación de tierras y la presencia de cultivos de coca daban para prender alarmas y adelantarse a lo que “debió haberse evitado”.
La masacre no se reduce entonces a las disidencias de las Farc o a la presencia de grupos armados en la zona, como es el caso de Los Gatilleros. Por muy fácil y habitual que resulte endilgarle cualquier crisis a un ejercicio de violencia entre los violentos, el lenguaje que utiliza el defensor del Pueblo marca una ruptura. Del Estado y sus apuestas por la paz depende en buena parte que el posconflicto deje de ser conflicto.
