Es oscuro el momento que atraviesa la Unidad Nacional de Protección con sus mafias enquistadas, apetecidas camionetas, alquiler de esquemas de protección, concesionarios cómplices y un carrusel con participación de diversas entidades públicas. Desde la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa hasta la propia Fiscalía.
Cualquiera sea el desenlace de tan sombrío panorama, la ocasión supone una ventana a la cultura visual de la privatización de la seguridad. Con su oda a lo blindado y sus legados tanto éticos como estéticos. Además de sus consecuencias para el ejercicio de la política colombiana.