El segundo punto de las recomendaciones en un informe reciente realizado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, creada por el Congreso de los Estados Unidos para evaluar la política exterior antinarcóticos, es bastante sencillo: reemplazar los procesos de certificación que “ofenden” (la palabra sale en el informe) a “nuestros socios”.
Todavía no sabemos qué tan socio será Duque de Biden, pero en la última certificación queda claro que la política de las ofensas sigue vigente. La justificación que acompaña la certificación de lo hecho por la administración Duque en materia de erradicación de coca es tan elogiosa que parece copiada y traducida directamente de la oficina del Ministerio de Defensa colombiano.
Según el documento, el gobierno de Duque lo ha hecho a la perfección a la hora de erradicar coca e incluso “más rápido que en cualquier otro momento de la década pasada”. Además, hay “avances significativos” para el restablecimiento de un programa de erradicación aérea seguro, limitado y focalizado que cumple con los requisitos administrativos y de supervisión de la Corte Constitucional. Una certificación doblemente ofensiva. Un par de años más y Duque les soluciona el problema de opio a los talibanes.
El tono celebratorio es el mismo a lo largo de la certificación. Las falsedades e imprecisiones también. Hablan de varias reducciones: en la producción de narcóticos (sic), en el narcotráfico (recontrasic) y la demanda de drogas (sin comentarios). Incluso mencionan el incremento de presencia estatal en las zonas rurales. Vienen más y mejores refuerzos. Coparlo todo de militares y glifosato parecería la solución.
Con Obama “el progresista”, Trump “el malvado” y Biden “el salvador” priman las continuidades. Seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la política antidrogas. Y al jardín de los patios se le pone herbicida. Para republicanos y demócratas, la Constitución colombiana sigue siendo el Plan Colombia.
El segundo punto de las recomendaciones en un informe reciente realizado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, creada por el Congreso de los Estados Unidos para evaluar la política exterior antinarcóticos, es bastante sencillo: reemplazar los procesos de certificación que “ofenden” (la palabra sale en el informe) a “nuestros socios”.
Todavía no sabemos qué tan socio será Duque de Biden, pero en la última certificación queda claro que la política de las ofensas sigue vigente. La justificación que acompaña la certificación de lo hecho por la administración Duque en materia de erradicación de coca es tan elogiosa que parece copiada y traducida directamente de la oficina del Ministerio de Defensa colombiano.
Según el documento, el gobierno de Duque lo ha hecho a la perfección a la hora de erradicar coca e incluso “más rápido que en cualquier otro momento de la década pasada”. Además, hay “avances significativos” para el restablecimiento de un programa de erradicación aérea seguro, limitado y focalizado que cumple con los requisitos administrativos y de supervisión de la Corte Constitucional. Una certificación doblemente ofensiva. Un par de años más y Duque les soluciona el problema de opio a los talibanes.
El tono celebratorio es el mismo a lo largo de la certificación. Las falsedades e imprecisiones también. Hablan de varias reducciones: en la producción de narcóticos (sic), en el narcotráfico (recontrasic) y la demanda de drogas (sin comentarios). Incluso mencionan el incremento de presencia estatal en las zonas rurales. Vienen más y mejores refuerzos. Coparlo todo de militares y glifosato parecería la solución.
Con Obama “el progresista”, Trump “el malvado” y Biden “el salvador” priman las continuidades. Seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la política antidrogas. Y al jardín de los patios se le pone herbicida. Para republicanos y demócratas, la Constitución colombiana sigue siendo el Plan Colombia.