Es ya un lugar común equiparar lo que le ocurrió a la Unión Patriótica con lo que ha sido el hostigamiento contra la Marcha Patriótica.
Además de las explícitas equivalencias en sus respectivos nombres o de las afinidades políticas de los dos grupos con la izquierda, últimamente no hay quien no señale que comparten el mismo destino.
Lo dijo varias veces Piedad Córdoba ante la denuncia por el reciente asesinato y persecución de los miembros de la Marcha Patriótica. Y desde entonces lo repiten los que cubrieron la rueda de prensa, los que militan en las redes sociales del lado de la Marcha y los que en otros partidos políticos han lanzado mensajes de solidaridad.
Con todo, algo va de los ochenta a 2014. A la dirigencia de la Marcha Patriótica puede resultarle muy atractiva la comparación con el exterminio de la UP, toda vez que además de encender las alarmas también se logra un efecto mediático y político. Pero si el compromiso con la paz en el que se cifran todas sus esperanzas es verdadero, la comparación puede terminar por convertirse en una estrategia que quita más de lo que pone.
En la persecución de la UP participó el Estado activamente. Según los estudiosos del violento período, el ambiguo discurso de algunos de los miembros de la UP frente a temas como el secuestro permitió que paramilitares, políticos, militares, empresarios y ganaderos continuaran con su impune cacería. Con todo y ello, más de 3.000 activistas, 13 parlamentarios y dos candidatos presidenciales fueron asesinados.
Si Santos quiere que le crean que no es el presidente del mismo país que avaló el paramilitarismo, sino de otro, algo habrá de hablar con su ministro de Defensa para que cese la estigmatización de la Marcha Patriótica. Pero si Piedad Córdoba y quienes la rodean abogan por una salida negociada al conflicto, algún gesto de credibilidad en el Estado habrán de mostrar.
