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Lo que dijo recientemente el fiscal Montealegre sobre los retos institucionales de una posible desmovilización de las Farc es bastante grave.
Dio a entender que el Estado no tiene cómo lidiar con los excesos de los guerrilleros en tránsito a personas del común. Luego, que eso que llaman posconflicto no es el paraíso del borrón y la cuenta nueva con que deliran los embajadores más militantes de la justicia transicional.
Lo que se lee entre las líneas de su comentario sobre la Unión Patriótica, además, es desesperanzador. Antes que preocuparnos por si los miembros de las Farc pueden o no ingresar a la política, deberíamos discutir si el Estado está en condiciones de proteger sus vidas. Deberíamos preguntarnos, le faltó agregar, si entre los encarnizados opositores al proceso de paz hay algún problema con que exguerrilleros sean desaparecidos.
Y es que por donde se mire hacia los acuerdos de La Habana, vuelan las zancadillas. No hace mucho se decía, por ejemplo, que se necesitan topógrafos. Junto con otras pocas, esa es la profesión que el neurálgico tema de la restitución de tierras requiere para llevar a feliz término lo de la actualización catastral. ¿Problema? Que la minería también demanda y consume topógrafos. Y por supuesto: paga mejor.
Y el conjunto de llaves marciales continúa. ¿Cuánto sería el costo de ocupar productivamente a los raspachines que se han visto obligados a vivir de los cultivos ilícitos? ¿Puede el aparato productivo garantizarnos que, a diferencia de lo que ocurrió con los paras, esta vez sí habrá cómo incorporar excombatientes? ¿O es este el nido a otras bacrim?
Largo y retrechero es el camino como para que se insista en avanzar dando saltos. La cosa está como de retroceder siempre. Y de rendirse también.
