Buena parte de lo comentado en prensa sobre el asesinato del director de la cárcel La Modelo se fue en justificadas críticas a su esquema de seguridad. Una nota de la fundación Pares publicada antes de lo ocurrido sobre la apremiante situación de seguridad, los atentados, las amenazas y la emergencia carcelaria decretada por el Ministerio de Justicia terminaba con un premonitorio “lo cierto es que los funcionarios del Inpec temen por sus vidas en varias cárceles del país”, seguido de un: “Se necesita una intervención frontal y directa del Gobierno Nacional”.
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La última idea sin duda era de sentido común. Y requería urgencia. Sobre si funcionaría o no, ese ya es otro debate. Uno en el que habría que cuestionar qué tan efectivo puede ser, a mediano y largo plazo, simplemente mejorar la seguridad de los guardias y directores de las cárceles. Todo lo cual es necesario pero insuficiente.
En vez de insistir en el debate político sobre los abusos de las camionetas blindadas y los escoltas que cuidan y vigilan hasta mascotas, sería conveniente pasar a la gobernanza criminal estudiada por profesores como Benjamin Lessing. Cualquiera sea el dinero invertido en instalar inhibidores y sistemas de seguridad más avanzados, hay grupos criminales que controlan y ponen orden afuera y adentro de las cárceles colombianas (y brasileñas, chilenas, ecuatorianas, etc.).
El profesor Lessing no ofrece recetas fáciles ni respuestas populares. Por el contrario, en algunos de sus análisis la gobernanza criminal ayuda a reducir índices de violencia y es preferida a la que puede ejercer un Estado incapaz de llegar a todas partes, pero con policía corrupta e igualmente violenta. Más y peores sanciones, nos dice Lessing a partir de su experiencia en Brasil, puede fortalecer en vez de aplacar a los grupos criminales.
Además de exigir la requerida protección material e institucional para los directamente afectados, sería bueno conocer más sobre la naturaleza y accionar de nuestra gobernanza criminal.
