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Cientos de personas atravesaron ciudades enteras de Europa para reunirse en La Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) y protestar por el asesinato de líderes sociales. No está claro si la CPI asumirá o no las investigaciones requeridas; en principio, no lo hará.
En la CPI ya cursa una examinación preliminar desde el 2004 por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el contexto del conflicto armado. Las posibilidades de que se abra una nueva examinación preliminar, en este caso para evaluar la impunidad en el asesinato de los líderes sociales, son pocas. La CPI ya le hace seguimiento a la JEP y toma nota de lo hecho por el uribismo para empantanar la justicia transicional. El presidente Duque no se maneja solo.
En vez de detener la persecución contra los líderes sociales, el Gobierno la ha acentuado. Su política antidroga, plegada a los viejos designios de los Estados Unidos, solo contribuirá a empeorar la situación para los líderes que trabajan en temas de restitución y cultivos alternativos. Aun así, ante la CPI probablemente ello no será suficiente.
Consciente de la capacidad de convocatoria demostrada por los organizadores de la marcha a La Haya, el fiscal Martínez mandó una carta en la que demuestra que sí hay resultados en las investigaciones. Aunque debería, a la CPI no le será fácil entrar a juzgar el juego político con el que el fiscal decide de manera estratégica qué investigar, qué crímenes abordar primero y cuáles omitir.
Nos persigue esa rara combinación de democracia con violencia a la que tantas páginas le han dedicado sociólogos e historiadores. Más importante que la propia Corte Penal Internacional, que acaso sea un simple conjunto de edificios, una excusa, un lugar simbólico, un guion para darle orden y sentido a la solidaridad con los líderes asesinados, lo que perdurará de lo acontecido en La Haya es lo caminado: la marcha misma.
