Un balance de los dos años del gobierno Petro, sin mucha perspectiva y a mano opositora alzada, pondría las luces en las fallas obvias, las promesas hasta ahora incumplidas y los gestos grandilocuentes. Una vía retórica bastante obvia y segura. Después de todo, es larga la lista de posibilidades: corrupción en donde se dijo que nunca iba a haber, resultados inciertos en temas de paz y seguridad, peleas innecesarias con la prensa, bravuconadas varias para hacer pasar reformas poco concertadas, etc., y Benedetti.
Aún así, tampoco se cumplieron los deseos fatalistas tantas veces predicados. Ni Colombia se convirtió en Venezuela ni Petro dedicó su tiempo a expropiar tierras. Lo contrario sí ocurre: en nombre del Estado hay voluntad para comprarle al que venda y un fervoroso derechista como Lafaurie es el que negocia. Es más, la pobreza disminuyó. Sobre los alcances de esto último hay discusiones de método y fondo, pero tampoco es algo que se ponga en duda entre opositores bien informados.
En fin. Hay dudas y retos (y escándalos) tanto como avances. Como el vaso no está lleno ni está vacío, viene al caso una entrevista con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien es la encargada de hacer realidad la voluntad política del gobierno en un tema trascendental. Sobre la reforma agraria, lo que se ha hecho para comprar tierras y lo que falta por hacer, que sigue siendo muchísimo, la ministra dio a entender que el problema arrancaba con aceptar que la institucionalidad requerida fue deconstruida. Esto es, para que se entienda mejor: desfinanciada y deslegitimada, además de puesta en duda en su totalidad hasta el punto en que todavía hay quienes se preguntan si se necesita una reforma agraria.
En 24 meses se supone que el gobierno de turno tendría que haber restablecido lo que gobiernos anteriores tardaron sesenta años en desarmar. Y aunque neurálgico, este es uno solo de los temas.