Ni la Corte Penal Internacional (CPI) le mandó una esquela de amor al gobierno de Santos y a las Farc, ni Human Rights Watch está completamente decidido a sabotear el proceso de paz, como ya lo afirman con alegría los uribistas.
A Human Rights Watch se le ha criticado por sus duras posiciones frente a Venezuela y el proyecto político de los chavistas. Entre algunos de sus malquerientes prima la idea de que se enfoca en los derechos políticos y civiles por encima de los económicos y sociales. Y aunque la anotación carece de un sustento convincente, no es menos cierto que Human Rights Watch y los uribistas (y si se quiere subir el pobre Pastrana a este consuelo, también) amanecieron en la misma orilla que acompaña a la oposición al presidente Maduro.
Por fortuna José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, ha sido bastante claro frente al prontuario de violaciones a los derechos humanos acumulado por el expresidente Uribe. Con todo y ello, los uribistas se han servido diligentemente de las críticas de Vivanco a lo pactado en La Habana.
También algunos partidarios del Sí en el plebiscito han exagerado la posición de la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda. En el comunicado de la CPI hay señales de genuino regocijo institucional frente a la posibilidad de la paz en Colombia que tampoco se pueden leer exclusivamente en clave partidista, como ya se ha hecho. La oficina de la señora Bensouda ha dicho que la Jurisdicción Especial para la Paz debe hacer su trabajo (que no será poco) y eso solo ya debería ser motivo suficiente de angustia y prevención.
En fin, las voces internacionales que monitorean y vigilan los derechos humanos tienen sus propias agendas. Pensar en politizarlas va en detrimento de las propias víctimas que se han querido priorizar desde que entró en vigencia la justicia transicional.
