El monopolio de la paz

Al ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo le debemos en buena parte los pilares conceptuales de lo acordado en La Habana con las Farc-Ep. Sus conocimientos en temas de seguridad además de su paso por el Ministerio de Defensa lo facultan para hacerle reparos a la llamada “paz total”.

Dicho esto, llama la atención la insistencia de Jaramillo en los términos que se pueden o no utilizar. Sobre las intervenciones de Iván Cepeda en torno a la paz total, dio a entender que al usar expresiones como “ceses al fuego” y “dejación de armas” se estaría utilizando el vocabulario que no es.

Además de relegar la aplicación de lo acordado con las Farc-Ep para darles mayor atención a bandas que trafican, Cepeda estaría empleando ideas propias del fin del conflicto y la paz. Y ello, para lo que sería en esencia un problema de política criminal. En palabras de Jaramillo: “Es extraordinariamente importante ser precisos en los términos y saber caracterizar los fenómenos”.

Y es cierto. Las palabras importan tanto como los diagnósticos que facilitan. O impiden. Lo que no está tan claro es qué tipo de país se supone que heredamos tras lo acordado con las Farc-Ep. Más allá del paréntesis destructivo que supuso el gobierno de Duque para la paz y si de rigurosidad en las radiografías explicativas se trata, tampoco hay posconflicto.

Algunos analistas sugieren que se use, incluso, la idea de “posacuerdo”. Lo cierto es que el conflicto persiste. La paz del Gobierno Santos, con todo y lo valiosa, no es la única alternativa. Tampoco representa una solución al Eln, a los paramilitares con raíces en las autodefensas previamente desmovilizadas o a las disidencias. Las reales y las fabricadas a última hora.

Ante el posconflicto armado que nos define, un poco de humildad y de autocrítica no vendrían mal de parte de los que, como Jaramillo y su equipo, lograron algo tan histórico como incompleto.