Hace unas semanas el Presidente pidió perdón por la masacre de El Tigre, perpetrada por los paramilitares en La Hormiga, Putumayo, en 1999.
Según algunos apartes recogidos por la prensa, Santos se preguntó que cómo era posible que un ser humano pudiese hacerle a otro “semejantes cosas”. Y aunque un pedazo de la respuesta posiblemente esté ahí no más, del lado de las cifras y datos que demuestran que el paramilitarismo tuvo más de proyecto usurpador y criminal que de antisubversivo, el gesto hacia la reconciliación, bienvenido, confirma que el gobierno se echó al hombro el tema de las víctimas.
La primera entrega de tierras, por ejemplo, se hizo en Córdoba, corazón del paramilitarismo. Lo que ya es diciente. Y ahí mismo, en Montería, tomó posesión de su cargo como director del Centro de Memoria histórica el académico Gonzalo Sánchez, conocedor de la violencia en Colombia y ficha clave de las víctimas que trabajan en la reconstrucción de sus memorias dolorosas para garantizar algún reconocimiento, una que otra verdad y por supuesto un mínimo de justicia, pues poco ha habido desde la aprobación de la ley de Justicia y Paz (y difícilmente habrá si se insiste olímpicamente en continuar con la modificación de lo vigente en materia de fuero militar).
Agregado a lo anterior, el gobierno decidió incentivar manifestaciones campesinas en la costa Caribe y demás zonas en las que sectores políticos y económicos que en general pasan de agache (pues las luces se dirigen hacia los ejércitos armados que tienen a su entera disposición), se resisten, con todo, a la implementación de la ley de tierras. Una estrategia gubernamental que no tardará la extrema derecha en tildar de temeraria y peligrosa, de socialista dirán los menos creativos, pero que bien mirada no pasa de ser una respuesta acertada frente al reciente paro armado que amedrentó a un pedazo del país.
La siguiente cita con las víctimas y sus líderes, que han sido asesinados, desplazados y desprestigiados, es en Necoclí, Antioquia. Y por lo visto no estarán solas.
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