Otra forma de hacer trizas la paz es a través del Ejército.
Bajo el liderazgo del ministro de Defensa y la inquebrantable “fe en la causa” del general Zapateiro, vamos en que lo ocurrido recientemente en Putumayo es un paso definitivo hacia el “fin” del narcotráfico. Uno más.
Recordemos que el ministro nos explicó con ironías, como si se tratara de un asunto menor, que el operativo militar “no fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. La operación, agregó, fue legítima.
Tanto así que Duque, incentivado por su ministro, tuiteó sobre “la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de cuatro criminales más”. Como bien lo supone la filosofía de su gobierno: “sin tregua”.
Ahora ya nos confirma la Fiscalía lo que en su momento afirmaron quienes sobrevivieron para contarlo: los cuatro presuntos criminales son en realidad tres heridos y un menor de edad recuperado. Ninguna captura.
Zapateiro fue aún más lejos a la hora de defender la operación. Además de la referencia al “estricto respeto por los derechos humanos y el acatamiento del DIH”, insinuó que se actuó en respuesta a alertas tempranas sobre la zona de Puerto Leguízamo. Según las alertas, estaban en riesgo tanto los líderes sociales como los habitantes de la región. Había que actuar por “obligación constitucional”.
Además de las familias desplazadas, tras la intervención militar murieron 11 personas. Entre estas, un menor de edad y dos líderes sociales: Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, y Pablo Panduro Conquinche, gobernador de un cabildo indígena.
Los bomberos inician el incendio. Y en vez de disculpas se oyen aplausos.
La supuesta legitimidad de la operación proviene de la mal llamada lucha contra el narcotráfico. Para este Gobierno, campesinos e indígenas que cohabitan con cultivos de coca y grupos armados son objetivos eliminables, 20 años después de haber inundado el departamento de Putumayo con glifosato.
