Hay algo exacto y al mismo tiempo vago, ambiguo, incluso engañoso en el título del último informe sobre Tumaco hecho por Human Rights Watch.
El documento “Guerra reciclada” ofrece una síntesis de la grave situación humanitaria y de orden público que se vive en el Pacífico colombiano desde la firma del proceso de paz con las Farc. La lista de crímenes es larga. Ha habido asesinatos (210 en el 2017, para una tasa anual de homicidios de 100 por cada 100.000, “una proporción cuatro veces mayor a la tasa nacional”), desapariciones, desplazamientos, violaciones sexuales, reclutamientos forzados y todo tipo de extorsiones.
En materia de posibilidades de justicia el informe es taxativo: no hay cárcel para tanta gente, pero además no hay acusaciones, condenas, suficientes jueces o fiscales. Del lado de la impunidad todo está por hacerse. Los grupos armados circulan con facilidad por el territorio y se retroalimentan en el tiempo reciclando a sus miembros. El informe brinda una descripción de estos grupos armados y sugiere que las disidencias de las Farc juegan un rol particularmente alarmante en el desencadenamiento de las violencias.
La idea, que está en el título, es que esta es una guerra hecha a partir de los participantes de otras guerras. Y tienen razón. El trasfondo, entre tanto, es la coca. Tumaco, explican, es “el municipio con más cultivos de coca en el mundo”. La expresión es correcta, pero no está claro qué es lo significa. Además de tener tanta coca, ¿cómo llegó Tumaco ahí? El informe no cuenta con detalles más amplios sobre la historia de la guerra contra las drogas; sobre la influencia del Plan Colombia en el reacomodamiento de los cultivos, sobre cómo también el Estado recicla su propia forma de relacionarse con el Pacífico a través de las armas.
Mal leído, el informe parecería estar cargando toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el Pacífico en las disidencias de las Farc.
