En los tres meses que van del 29 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de 2021 fueron asesinados 14 excombatientes de las Farc-Ep. Cinco años después de la firma del Acuerdo Final, 262 excombatientes han sido asesinados. Las cifras provienen del último informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
El informe cumple con su tarea de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. No debería ser leído como un ataque al gobierno de Iván Duque. Es más, le reconoce su buena disposición para reunirse con los líderes de la exguerrilla.
Dirigiéndose al Consejo de Seguridad de la ONU y en reacción al informe, Claudia Blum responsabilizó a la antigua guerrilla, hoy partido político, por la existencia de disidencias. De ahí pasó, en un triple salto mortal, a responsabilizarlas de los asesinatos. ¿A quiénes? ¿A las disidencias o a las Farc-Ep? ¿O acaso a los Comunes?
Quedó en el aire que se trata de lo mismo.
Una salida irresponsable, agresiva y por supuesto equivocada pues la gran mayoría de excombatientes cumplieron. Y a los que no cuentan con grandes esquemas de protección derivados de sus funciones políticas ahora los matan.
El informe confirma lo que ya se ha denunciado: “También enfrentan amenazas los familiares de excombatientes, especialmente sus parejas e hijos, para quienes no existen mecanismos de apoyo específicos”.
Una persecución.
La Misión adoptó un tono conciliador y equilibrado (hay avances, hay violencia). La respuesta de la canciller debería ser descrita como la primera hostilidad en el siguiente informe.
El texto trimestral de hecho se queda corto. Le huye a plantear seriamente la sistematicidad con que ocurren los asesinatos de excombatientes, pese a que la Misión de Verificación cuenta con las cifras y conoce los contextos.
Para los excombatientes la guerra sigue. Si no son las balas, son las palabras que las anteceden. Vuelan más rápido y con mejor puntería.
