La institucionalidad

“Las autoridades competentes”, afirma el ministro Molano. Esas son las definitivas, las que tienen la última palabra en el tema de los bombardeos a un campamento de las disidencias de las Farc en los que se confirmó que murió una joven de 16 años.

No tenemos la edad de todos los que fallecieron. El mismo ministro que dice respetar el DIH ya pasó del anonimato al desprestigio con su lenguaje de las “máquinas de guerra”. El también exdirector del ICBF da muestras de su sensibilidad hacia la protección integral de la niñez y la adolescencia cuando agrega, como si la pregunta fuese innecesaria, que “aquí lo que uno tiene que preguntarse es por qué estaban esos jóvenes combatientes allí”.

Con tan solo repasar por encima la alerta temprana de la Defensoría emitida el 15 de enero de 2019, podría el encargado de la seguridad para “proteger a todos los colombianos” (dicho en la misma entrevista con Blu Radio) entender lo profunda que es, de hecho, su pregunta. Y lo absurda y malintencionada que es su insistencia en las “máquinas de guerra” para referirse al reclutamiento forzado.

Además de diversos grupos armados que operan en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar (en este último ocurrió el bombardeo), la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo al que están sometidos sus habitantes y la ausencia de instituciones estatales medianamente aceptables.

Escuelas y profesores son lo que no tienen los jóvenes reclutados, pero eso no impidió que el ministro de la guerra irregular se explayara con un alegrón: “No estamos hablando de un profesor enseñándoles en una escuela a los jóvenes”.

En este Gobierno las autoridades competentes son las que reconocen e identifican a las personas más vulnerables tan pronto mueren. Mientras viven, las instituciones que brindan educación le merecen un chiste al ministro de Duque. Y las que podrían prevenir la violencia, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, son irrelevantes.