Hoy por hoy, para ser considerado una víctima en Colombia no basta con haber sido objeto de un acto de violencia. No importa si éste fue ocasional o deliberado. Tampoco si se le suma crueldad. Incluso sevicia.
La figura de la víctima, como se la conoce en la actualidad, proviene del derecho. Se trata acá de una categoría eminentemente jurídica, y como tal, los que aspiran a esta etiqueta requieren del visto bueno, la intermediación, el acompañamiento, el guiño y la ayuda de uno o varios abogados.
También intervienen políticos, trabajadores sociales, periodistas, editorialistas, fotógrafos, psiquiatras, médicos, antropólogos forenses, economistas. En síntesis, son muchos los saberes especializados a los que les está autorizado definir, de manera por demás despótica, quién es una víctima.
Por supuesto, el testimonio de un historiador comprometido con la recuperación de la memoria no debería competir con el del publicista de la mata que mata. Pero en la práctica no sólo concursan sino que al final, cualquiera sea el lugar desde el que se esté bautizando a una persona como víctima, son las instancias jurídicas las que deciden.
En ese orden de ideas, lo que no es traducido al lenguaje reductor de las leyes, que sólo ve víctimas y victimarios, no existe. La experiencia del que sufrió la violencia, su dolor y la historia que tiene para contar, no quedan en la fotocopia del decreto. Y cuando llega el momento de la revisión, como ocurre ahora con las víctimas del desplazamiento de Las Pavas, del desplante judicial se pasa a la negación y de ésta, para ahondar en cinismos, a la señalización en términos de farsantes.
Quien más claro lo puso fue el propio ministro Germán Vargas Lleras al hablar de que “se estaban prefabricando víctimas”. Queda en evidencia ahí, en esa ofensiva expresión, el carácter ficticio, construido, imaginado y por supuesto sujeto a manipulaciones del sujeto jurídico que llamamos “víctima”.
