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Empecemos por el final. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “la violencia ha sido normalizada en Colombia”. Así termina el comunicado, desde Ginebra, que da cierre a las actividades del año.
De atrás para adelante, el comunicado alerta sobre la necesidad de desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo (como se solicitó en el Acuerdo de Paz de 2016); sobre la violencia generalizada contra campesinos, indígenas y afrodescendientes; sobre la comunidad nasa y sus 66 miembros reportados como asesinados en la región del norte del Cauca; sobre los 120 defensores de derechos humanos asesinados; sobre los 244 asesinatos de excombatientes de las Farc; sobre las 66 masacres.
La lista de anotaciones críticas ni siquiera puede ser considerada un balance. La mayoría de los crímenes continúan mientras las Naciones Unidas alertan y los funcionarios toman nota, reaccionan o dejan pasar. El desplazamiento forzado es continuo. El miedo también. La violencia no conoce fin de año.
En esta ocasión, sin embargo, Bachelet se atreve a recordarnos que la violencia se convirtió en rutina. Un sacudón entre tanto reporte anual de desempeño en derechos humanos, que cuando no empeora con respecto a años anteriores solo es malo. Si no pueden o no quieren contener la violencia, parece querer decir la alta comisionada, por lo menos acepten que tienen un problema.
Un tiempo antes, probablemente ante el negacionismo de algunos, la alta comisionada había afirmado: “Colombia tiene el mayor número de asesinatos de líderes sociales”.
Pues bien, para Ginebra y como embajadora ante las Naciones Unidas va la exministra del Interior Alicia Arango. La misma que en la Mesa por la Vida en Putumayo demostró que es parte del problema con un impresentable: “En Colombia mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.
Para Iván Duque, la gestión y experiencia en derechos humanos de la exministra “garantizan el éxito en su nueva misión”.
