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Hicieron carrera con preocupante facilidad las supuestas relaciones entre la marcha uribista y el paro armado del Clan Úsuga en la Costa Caribe. Políticos, periodistas, analistas, críticos y principales detractores del expresidente se lanzaron a equiparar a los unos con los otros.
Un par de planfletos en donde en efecto quedó en evidencia algún interés de la organización criminal en movilizar personas hacia la marcha y el propio Gobierno salió, en cabeza del ministro de Defensa, a pedir que los ciudadanos se abstuvieran de “mezclar marchas políticas con amenazas del crimen organizado”. Pidió, además, que “no se dejen convencer de las amenazas”, como si tras décadas de paramilitarismo, neoparamilitarismo y demás ismos por venir, el miedo fuese una actitud infantil e irracional.
La marcha uribista de hoy refleja lo estratégicas que son algunas elites económicas del país, interesadas fundamentalmente en politizar temas jurídicos. Algunos uribistas primero marchan y después se marchan. El oportunismo está ahí, visible. Aun así, la paz con las Farc va en contravía de las mayorías que querían que Uribe se eternizara en el poder con unos índices de aceptación históricos. No bastará con jugarse la carta de la deslegitimación.
La actitud de algunos de los críticos del uribismo no es muy consecuente con el posconflicto. Arrojar a la ilegalidad a esta y futuras marchas, con insinuaciones para mancharlas, es una estrategia que todos conocemos: Uribe la practicó gustosamente ante varias protestas campesinas, estudiantiles e indígenas.
Si las Farc realmente entran a la competencia electoral sin armas, también habrá que aprender a convivir con los que marchan para que la guerrilla no la tenga tan fácil en el plano judicial. Es más, ahora mismo las bacrim no le plantean un problema de soberanía suficiente al Gobierno central como para que la olímpica actitud de su ministro de Defensa tenga consecuencias. Pero esa indolencia frente al poder político de los narcos lejos de Bogotá tampoco es muy pacífica.
