La Paloma de la guerra

“Yo voy a trabajar con el gobernador de Nariño , así sea petrista”. Palabras de la candidata presidencial Paloma Valencia, desde uno de los epicentros de Plan Colombia que llevó el glifosato en cantidades al sur del país.

Sobre el posible regreso de la aspersión con glifosato, la hija política de Uribe ha sido tan o más directa que Iván Duque, que hizo hasta lo imposible por retomarlo: vuelve porque vuelve “sin afectar la salud ni los ecosistemas”.

Y además le llegó la hora a las consultas previas, dice. Como era igualmente de esperarse.

Nada de lo cual ocurrirá, en parte gracias a la Corte Constitucional. Pero igual vienen a cuento conceptos recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre el uso del glifosato, un auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro del Caso 02, que tiene que ver con Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, determinó que entre 2002 y 2013 la aspersión aérea, más que una estrategia antinarcóticos, fue un instrumento de violencia. Según la decisión judicial, además de secar la hoja de coca el glifosato arrasó con la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas Awá, Eperara Siapidara y el pueblo negro de Nariño.

Adiós a sus fuentes de agua y sitios sagrados.

Según la JEP, que tanto Uribe como Duque querían hacer trizas (Paloma también pero Oviedo, su fórmula vicepresidencial, dice que con periodicazos todo bien, ahí vamos viendo), durante la aspersión aérea con glifosato el derecho a la consulta previa fue ignorado sistemáticamente. Es más, los territorios étnicos fueron tratados como objetivos de guerra.

Sobre los impactos en la salud algo hemos leído desde que terminaron las aspersiones por considerarlas, como mínimo, potencialmente cancerígenas. Lo de la estigmatización que vinculaba a los pueblos asperjados con grupos armados hasta el punto de justificar el control militar poco se habla. Reparaciones del Estado no hubo (menos del 2 %).

No aparece la palabra pero estamos ante un ecocidio. O así lo vivieron igualmente en el sur del país. En 2008, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por las fumigaciones con glifosato en la frontera. La querella se puede consultar en internet. Viene acompañada de todo tipo de datos, razones, testimonios y hasta dibujos infantiles hechos por quienes sucumbieron ante el poderío aéreo de las avionetas.

Adiós también a sus animales.

El caso terminó en 2013 con algún tipo de acuerdo en el que Colombia pagó 15 millones de dólares y aceptó, finalmente, que era hora de restringir las aspersiones aéreas cerca del límite fronterizo.

No ayuda que el gobierno del presidente Petro haya decidido retomar, en contra de toda su retahíla sobre el derecho a la vida, el uso del glifosato. Terrestre o con drones, supuestamente más controlado, pero sin ninguna preocupación real por las fuentes de agua o la cacareada biodiversidad que tanto pretende defender.

Falta saber si Iván Cepeda le daría seguimiento a tanto despropósito. Quiero creer que no es así.

“Y voy a trabajar con todos los alcaldes de Nariño sin que me importe su filiación política. Porque yo lo que quiero es ser presidenta para todos los colombianos”, dice Paloma. En otro Plan Colombia.