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Con la detonación del carrobomba en la Escuela de Cadetes General Santander, el Eln le dio al Gobierno de Iván Duque un libreto que no tenía. Un guion, una agenda tanto política como mediática, que ya estaba ahí, en el ADN de su partido político, pero que Duque se resistía a utilizar.
En adelante se impone la lucha contra el terrorismo por encima de cualquier otra consideración. La guerrilla del Eln no solo se quedó en el pasado, con sus proclamas marxistas, nacionalistas y antiimperialistas, sino que nos acaba de retroceder un par de décadas.
Nadie supo explicar qué era exactamente la economía naranja. Todos los que vivieron la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, por el contrario, entienden de qué va el llamado a perseguir el terrorismo. En esta oportunidad, el presidente parece decidido a interpretar la coyuntura de crisis abierta por el Eln desde uno de sus pilares estratégicos de campaña: la legalidad.
¿Qué es, exactamente, esa legalidad de la que nos habla Duque en cada lectura de teleprompter? En el eslogan “Legalidad, emprendimiento y equidad”, ¿cuál de las tres palabras mágicas es la nueva economía naranja que nadie está en capacidad de definir?
Una de las primeras acciones tomadas por el Gobierno en el campo de la implementación de la legalidad condujo a la persecución de la dosis mínima. Ahí puede uno hacerse una idea de lo que entienden por legalidad. Lo siguiente serán los cultivos de coca, que por definición, dirá el presidente, encantado, son ilícitos. Es decir: no hay legalidad.
La ausencia de legalidad que tanto preocupa al presidente Duque sería fácil de solucionar si fuésemos básicamente un país sin historia. Y, por supuesto, sin violencia. El mismo país sin conflicto armado, pero con una amenaza terrorista con la que siempre ha soñado el expresidente Uribe.
Ahora el alto comisionado para la Paz lo es de la legalidad. Y lo que quiera que eso quiere decir.
