Pese a que es un lugar común afirmar que Uribe está por encima de la ley, en la práctica no es evidente cómo es que lo logra. Para un mejor entendimiento del proceso mágico que supone saltarse el ordenamiento jurídico, resulta bastante útil retomar los últimos acontecimientos.
Después de su demanda a Iván Cepeda ante la Corte Suprema, y tan pronto cambió de acusador a acusado, el expresidente decide que ese órgano ya no es competente para impartir justicia. El doble rasero es evidente, pero ahí no termina la operación. En realidad, apenas comienza.
Tras su anuncio de retiro inminente del Congreso, por estar “moralmente impedido” para continuar con sus labores mientras es investigado, aprovecha para cuestionar a los magistrados que le son supuestamente contrarios. Es decir: activa el respaldo de sus seguidores y crea condiciones adversas para los jueces, con lo cual lo que era un proceso jurídico se convierte en un sondeo político.
A continuación ofrece una rueda de prensa en la que no responde todas las preguntas y en la que se concentra en lograr que el proceso que tiene abierto sea definitivamente considerado un ataque personal. Para el que insista en preguntar lo que no está en el libreto, una reprimenda: “Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo que yo he sido respetuoso con ustedes”.
Tan pronto logra que le suspendan la investigación mientras se resuelve el problema de la recusación lograda por su defensa, retira su renuncia al Congreso y argumenta que por “cuestiones de honor” permitirá que sea la Corte la que continúe con la investigación. Para ese entonces ya habrá ocurrido en buena parte ese proceso mágico-místico que conocemos como estar por encima de la ley.
Pero hay más. Los abogados de Uribe además tienen sentido del humor. Ahora nos enteramos de que uno de ellos acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares para el expresidente.
