Según el general Hugo Ruíz, la información sobre la presencia de grupos armados ligados al paramilitarismo en las veredas aledañas a La Gabarra, en Norte de Santander, fue proporcionada por las propias Farc. “Allá no hay nadie”, explicó sin inmutarse el encargado de la seguridad. Los desplazamientos de familias ubicadas en las veredas Bella Vista y Caño Tomás, en este desorden de ideas, vendrían a ser enteramente gratuitas. Así como las denuncias de los indígenas de la Comunidad Bari acerca de los hombres armados que merodean sus territorios.
Los líderes campesinos que interrumpieron la caravana que llevaba a la guerrilla de las Farc hacia una de sus zonas de concentración están en desacuerdo. Exigieron algún tipo de acompañamiento estatal que les asegure que los grupos armados identificados como Águilas Negras serán removidos de la vereda de Las Timbas. Y no solo al general Ruiz le quieren llevar la contraria.
Está en juego lo que representa para esta región el Estado colombiano y su histórica permisividad con el paramilitarismo. “Que no se vuelva a repetir lo de 1999”: esas fueron las palabras de una de las líderes presentes en el plantón. Se refería a las masacres efectuadas por los paramilitares de los hermanos Castaño tras su ingreso al Catatumbo.
Como en tantas historias paralelas, 1999 fue el año en que la AUC viajan desde el sur de Córdoba hasta el Catatumbo en camiones repletos de hombres armados que en ningún momento fueron atacados por los retenes del Ejército. Si un año antes más de 200 personas fueron desplazadas de Tibú, en 1999 más de 5.000 personas se vieron obligadas a dejar sus casas ante la violencia desatada por el Bloque Catatumbo en su lucha contra las Farc por el control de la coca.
El general se equivoca: “allá” sí hay “alguien”. No solo merodean grupos armados a la espera de la desmovilización total de la guerrilla, sino que sobrevive la memoria del conflicto.
