El personero de Buenaventura explicó en una corta entrevista radial los alcances de los arreglos con las bandas armadas regionales. La precariedad de lo acordado sugiere que si bien los enfrentamientos violentos no ocurren en lo urbano, otra es la situación en lo rural.
Ante un equilibrio tan subóptimo, es de esperar que buena parte de la oposición le exija al Gobierno del presidente Petro que proceda a dar por terminada la política de paz total. Se presume (y se añora) el fracaso. Por lo mismo, la accidentada negociación con la guerrilla del Eln prácticamente fue aplaudida por varios de los que madrugaron a comentar la actualidad de las malas noticias.
Prima una vez más la idea de que es preciso ponerle un fin a la política de paz. Amparados unos en las burlas fáciles al presidente Petro y sus mensajes tuiteros de fin de año. Otros, en la supuesta desconexión con el Ejército, del que no se sabe si estaba o no al tanto del cese de hostilidades decretado (y posteriormente revertido). Unos más le apuestan sencillamente al desinterés del Eln.
Como sea, se pierde de vista lo que está en juego. Las expectativas de los comentaristas y profesionales críticos de la búsqueda de la paz total son altas y maximalistas. Por momentos, parecerían olvidar el sentido de urgencia que hay en la defensa de las comunidades que habitan entre quienes ejercen la violencia. En vez de presionar para que algo tan básico como esto siga siendo el origen de la política pública de paz, se oyen voces interesadas en lo mediático de la discusión. La dialéctica se impone a las prioridades vitales.
Mientras muchos debaten, otros son desplazados. Las amenazas no cesan para los que ni siquiera están representados activamente en los debates periodísticos. Los asesinatos tampoco. No para el desangre. Lo expresó como debía ser el jefe negociador del Gobierno con el Eln. La orden del presidente es clara: “Que cese la matazón”.
