Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para los que informan habitualmente sobre la violencia ejercida por los grupos armados, incluido el Ejército, algo no cuadra con lo que ocurrió en Tierralta (Córdoba). Militares que esconden sus rostros cuando violentan a la población, que “no dan la cara”, como lo gritó la madre que no dudó en enfrentarlos, siguen siendo parte del paisaje.
Con menos frecuencia, quizás, pero la violación de derechos humanos, en los que el Ejército difícilmente ha creído, continúa en algunas zonas del país. Hasta ahí, nada raro.
Ante el episodio violento (y los benditos celulares que registraron la escena), varios y varias se preguntaron quién dio la orden. La novedad del acontecimiento radica en que el Gobierno no reaccionó con más amenazas. Tampoco hubo ajúas o grandes gestos en defensa de los héroes de la patria. Es más, en tiempo récord los 10 militares aparentemente implicados fueron retirados.
Lo extraño, lo que dificulta la facilidad con la que se solía pedir explicaciones ante los desmanes de un Ejército afín a las estrategias de la política de Seguridad Democrática, es que el poder lo tiene la izquierda que tanto sacrificó para que este tipo de situaciones terminaran. Hay un corto circuito que inevitablemente lleva a plantear el tema de las continuidades en la doctrina de la política de seguridad.
El que le apunta con su arma a la madre con su hijo en brazos ya es, ahí sí, Historia Patria.
La pregunta sigue siendo quién dio la orden, como quiera que con la sola destitución de implicados no se aclara qué fue lo que ocurrió. Su ingreso al barril sin fondo de las manzanas podridas no rompe el saco.
Por consiguiente, la otra pregunta que hay que hacerse es qué cambió. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno del cambio para que niños y niñas crezcan protegidos por el Estado en vez de sufrir el trauma que supone una banda oficial de envalentonados encapuchados?
