Se nos olvida pero venimos de la paz con legalidad

Lo que tenemos ahora mismo, lo que promueven, claramente no funciona. La idea de la “Paz Total” es como mínimo una provocación retórica. La situación del parque Tayrona es un ejemplo elocuente que debería avergonzar a la administración de turno.

Sobre si fue o no adecuado cerrar el parque hay comentarios contradictorios. Parecería que dado el desmadre tiene sentido. Las razones de fondo sin embargo van más allá de lo que se ha argumentado por parte del gobierno.

Lo de “medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios”, que es como Parques Nacionales Naturales se refirió a la crisis, palidece ante el panorama generalizado de lucha por el territorio entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La paz total ni es total ni tiene mucho que ver con la paz.

Dicho esto, ¿estamos peor? ¿De dónde venimos? ¿Se nos olvidaron ya las ganas de hacer trizas el acuerdo de paz bajo el gobierno Duque? ¿Lo recuerdan los más críticos? Política de paz con legalidad le llamaban…

No había en el diccionario duquista espacio alguno para los defensores de los derechos humanos jugados por el medio ambiente. En ese entonces, en vez de la paz total que tanto lamentamos por su grandilocuencia y promesas incumplidas se hablaba de paz con seguridad y pacificación de los territorios. Términos dignos de la violencia partidista de los cincuentas.

Los ilegales en esos discursos eran los campesinos que malviven de la coca mientras se les trataba, como lo harían en Netflix, de grandes narcotraficantes. Muy al estilo de todo lo que se ensayó durante la política de seguridad democrática de Uribe, cuando el glifosato aéreo, en plan de guerra química, era considerado abiertamente una forma de monitoreo ambiental.

“Estamos total y absolutamente listos. Los aviones están funcionando todos; los pilotos inician contratos en el curso de los próximos días y van a entrar a entrenamiento”: palabras de Guillermo Botero, uno de los inefables ministros de Defensa de Duque.

Palabras, también, de más de un candidato a la presidencia (y uno que otro columnista) para los que el Plan Colombia merece ser repetido cuantas veces sea necesario. Como si la Comisión de la Verdad no hubiese existido y los testimonios de las víctimas de las políticas de erradicación, en su mayoría indígenas, afros y campesinos, fueran prescindibles.

Al presidente Petro se le cuestionará la inflación puramente populista de su lenguaje, pero nadie podrá negar que movió la agenda de la justicia social hacia lo ambiental y sus luchas. Con todo y lo que se le pueda revirar a su política de la paz total, sigue siendo cierto que la cartera del medio ambiente dejó de ser un paréntesis y pasó a convertirse en un lugar de lucha desde el que se han problematizado las injusticias.

Un espacio para pensar la paz. A diferencia del cuatrienio perdido con Duque, se ensanchó lo que entendemos por derechos humanos.

Todo lo cual sigue siendo poco si el discurso no viene acompañado de políticas públicas que hagan realidad los anhelos de una Colombia Humana: no ayuda que Petro también haya cedido, a su manera, el regreso del glifosato.

Pero ahí estamos.