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NO TODO LO QUE SE HA DICHO DE LA violencia reciente es cierto. Hay cosas peores.
Que lo diga si no el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien denunció en estos días el robo ocurrido en Apartadó de una memoria USB que contenía información vital para el proceso de restitución de tierras que se adelanta en Urabá.
Se sabe que la USB contenía actas, direcciones y teléfonos de cerca de 2.000 líderes sociales. Un botín de guerra. La preocupación del ministro es obvia: el uso de la información para el bien del crimen, no del saber, pone en riesgo la vida de los campesinos líderes (y no tan líderes) involucrados en la restitución.
Las cifras lo corroboran. Según el ente encargado, 25 víctimas en proceso de reparación han sido asesinadas. En una entrevista que se le hizo a finales del año pasado a la aguerrida directora de Tierra y Vida, Carmen Palencia, se habló de un total de 48 personas asesinadas entre 2008 y 2010.
Y si las cifras no fuesen suficientes para dimensionar la tragedia, también está el testimonio. Al fin y al cabo se afirma que la violencia de los últimos 30 años produjo más de 150.000 homicidios y 31.000 desapariciones, que 6,6 millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas y que al año se cometen 17.717 homicidios. Pocos se conmueven. Las cifras registran, rara vez impactan.
Pero ahí está, insisto, el testimonio. La voz. Considérese de nuevo a Carmen Palencia, quien solía dirigir esa especie de panal de miel para los paras que era la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras de Urabá antes de tomar las riendas, con igual actitud suicida, de Tierras y Vida. Su historia es la de muchas víctimas que luchan para dejar de serlo. Un esposo asesinado por la casa Castaño, un desplazamiento, una amenaza (o varias), un atentado (cinco balazos, tres meses en coma) y otro arrebato de tierras. E igual afirma: “nuestro lema ha sido siempre insistir, persistir, resistir y nunca desistir”.
Están matando heroínas.
