La política migratoria del presidente Trump en la frontera con México cumple varias funciones. Todas cuestionables.
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Por un lado la criminalización de los migrantes, desde que fue implementada y meses después desactivada la política de cero tolerancia, penaliza judicialmente a los involucrados. Se dice que ya no ocurre, pero investigadores, periodistas y activistas opositores dan fe de lo contrario. Aparentemente padres e hijos, aun si en menor cantidad, todavía son separados en la frontera.
Los espacios institucionales para aquellos que solicitan asilo fueron reducidos a su mínima expresión. En la versión que promociona Trump de las migraciones hacia los Estados Unidos desde Centroamérica los que huyen de algún riesgo son en realidad criminales. Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños: todos reducidos a violadores y pandilleros.
El fin último, por supuesto, no tiene relación alguna con el control de la frontera y la atención de las necesidades de los que migran. La idea de pasar de un enfoque humanitario a uno de seguridad, en el que los migrantes son vistos como una amenaza existencial, tiene obvios réditos políticos entre los republicanos.
La idea de construir un gran muro, con todo y lo regresivo y disociador que resulta, no tiene otra función que dramatizar los peligros que suponen iniciativas colectivas de resistencia como lo son las caravanas de migrantes. Las caravanas son un buen ejemplo de lo que está en juego para los migrantes.
En vez de huir de sus emproblemadas regiones por sí solos, los que se le apuntan a una de estas soluciones de tránsito colectivo lo hacen para escapar de los riesgos, esos sí enormes, por los que atraviesan para llegar hasta la frontera.
Todo eso y más lo tienen que tener claro en la administración de Trump, que tampoco es la primera en darle un uso instrumental al tema. Por lo mismo, se viene otra andanada parecida de insultos e improperios contra el llamado triángulo del norte. Se acercan las elecciones.
