Las violencias de ayer encuentran eco en las de antier.
En la misma semana en la que se da la moción de censura al ministro de Defensa por los hechos ocurridos en Putumayo, por los que hay acusaciones serias de falsos positivos, la JEP, que hace parte fundamental de la justicia transicional, le revela al país en su audiencia pública de reconocimiento en Ocaña (Norte de Santander) los testimonios descarnados de victimarios culpables de un crimen posiblemente similar.
Lo que estaba en juego en la moción de censura quedó bien resumido en las valientes palabras de la representante Juanita Goebertus. En su síntesis, Goebertus llamó la atención acerca de la innecesaria fuerza bélica utilizada por el ejército. Una operación bélica ofensiva, enmarcada en el derecho internacional humanitario, fue empleada en el contexto de un evento cultural.
Traducción: a las personas que asistieron al supuesto bazar, denominado impunemente “cocalero”, las atacaron violentamente y sin consideración, como si se tratara de un grupo armado. Toda la fuerza bélica del Estado, queriendo enfrentar guerrilleros, contra un grupo de familias con hijos.
Si retrocedemos de la moción de censura a la audiencia de la JEP sobre falsos positivos, queda claro hasta qué punto la transición que era necesaria en el caso de los militares nunca ocurrió.
La transición, el ir de un lado a otro, se quedó en un bonito amuleto de la justicia internacional y su batería de conceptos aplicables a la justicia, la verdad y la no repetición.
“Había competencia entre los combatientes para quién tenía más bajas”, explicó uno de los militares comparecientes ante la JEP. “Les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operativos”.
Más allá de la casualidad temporal que llevó a que una y otra discusión se dieran en seguidilla, si algo queda claro es que el necesario y valiente “¿quién dio la orden?” podría ser momentáneamente interrumpido por un humilde y simple “posconflicto sin transición militar”.
Las violencias de ayer encuentran eco en las de antier.
En la misma semana en la que se da la moción de censura al ministro de Defensa por los hechos ocurridos en Putumayo, por los que hay acusaciones serias de falsos positivos, la JEP, que hace parte fundamental de la justicia transicional, le revela al país en su audiencia pública de reconocimiento en Ocaña (Norte de Santander) los testimonios descarnados de victimarios culpables de un crimen posiblemente similar.
Lo que estaba en juego en la moción de censura quedó bien resumido en las valientes palabras de la representante Juanita Goebertus. En su síntesis, Goebertus llamó la atención acerca de la innecesaria fuerza bélica utilizada por el ejército. Una operación bélica ofensiva, enmarcada en el derecho internacional humanitario, fue empleada en el contexto de un evento cultural.
Traducción: a las personas que asistieron al supuesto bazar, denominado impunemente “cocalero”, las atacaron violentamente y sin consideración, como si se tratara de un grupo armado. Toda la fuerza bélica del Estado, queriendo enfrentar guerrilleros, contra un grupo de familias con hijos.
Si retrocedemos de la moción de censura a la audiencia de la JEP sobre falsos positivos, queda claro hasta qué punto la transición que era necesaria en el caso de los militares nunca ocurrió.
La transición, el ir de un lado a otro, se quedó en un bonito amuleto de la justicia internacional y su batería de conceptos aplicables a la justicia, la verdad y la no repetición.
“Había competencia entre los combatientes para quién tenía más bajas”, explicó uno de los militares comparecientes ante la JEP. “Les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operativos”.
Más allá de la casualidad temporal que llevó a que una y otra discusión se dieran en seguidilla, si algo queda claro es que el necesario y valiente “¿quién dio la orden?” podría ser momentáneamente interrumpido por un humilde y simple “posconflicto sin transición militar”.