Al comunicador que trató de “borregos” a los indígenas en el contexto de las marchas no se le exige que renuncie a hacer control y veeduría. Simplemente no era necesario insultar a un grupo entero de ciudadanos para hacerle oposición periodística al gobierno de Petro.
El lamentable episodio va más allá del racismo enclosetado de un periodista. El problema de fondo está en que muchos comparten su mirada. En la forma organizada en que camina la minga ven menores de edad manipulables. Marionetas incapaces de articular sus propias ideas políticas.
De la condescendencia y la lástima se pasa fácilmente a la desconfianza o al miedo. Recordemos que no hace mucho el lío eran los bastones de mando de la guardia indígena y su supuesta actitud amenazante. Un connotado analista llegó a sugerir que estábamos ante otro grupo paramilitar.
Por supuesto, la realidad es otra. Cualquiera que se acerque por encimita al trabajo de la Comisión de la Verdad podrá hacerse una idea de las violencias padecidas por los pueblos indígenas. Desde que la justicia transicional impulsó un nuevo diccionario político, por encima de la narrativa que los tilda de infantiles y violentos, los indígenas también son reconocidos como víctimas.
Esta es una mejoría considerable con respecto a la mirada puramente colonial anteriormente descrita. Con la narrativa de sus diversas victimizaciones hemos aprendido, incluso, a mirar diferente. La justicia transicional se ha enriquecido con sus saberes y formas de entender el dolor, más allá de la presencia humana. Ahora entendemos mejor que algunos ríos también son víctimas. O que a la selva se le declaró la guerra con el glifosato.
Igual no es suficiente. Para muchos indígenas hoy violentados no hubo transición. Ser reconocidos como víctimas todavía no les garantiza la vida. Entre tanto, si se expresan políticamente los tratan de tontos útiles. Y si se movilizan organizados los hacen ver como peligrosos. En últimas, no son ciudadanos.