Realmente disparatada e irreal, casi sublime, la entrevista que le hizo la revista Semana al exministro uribista Diego Palacio, condenado en la Corte Suprema por el cohecho de la yidispolítica.
Cuando uno creía haberlo leído todo en materia de cinismos políticos llega un Palacio olímpico con la teoría que faltaba: que el cohecho es lo de menos, que él estaba era trabajando para que la política de seguridad democrática fuese reelegida. Sus delitos, por tanto, entran en la órbita del conflicto armado. ¡Eureka!
No contento con semejante salto de garrocha dice lo siguiente: “Si veo garantías, me acogeré a la JEP”. Y por garantías entiéndase “la imparcialidad necesaria” para que, básicamente, lo declaren inocente.
Tras de ladrón bufón, y ello dos veces. La idea es que la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que tanto ha renegado el uribismo, se convierta en la receta de salvación. Ese exministro es un loquillo, sí, pero ya hay quienes consideran que la estrategia tiene sentido.
Indirectamente, la negociación de la reelección habría sido una jugada más del conflicto con las Farc. El propio Palacios explica que ha hecho la tarea investigativa y puede demostrar que hay un consenso entre analistas, académicos y expertos en seguridad frente al impacto del gobierno de Uribe en el conflicto armado. La seguridad democrática, afirma, “era necesaria para ganar la guerra”.
Pues bien: si esa es la verdad con la que el exministro pretende conseguir su libertad, doble debería ser su pena. Cualquier investigación seria sobre el periodo de la política de seguridad democrática muestra que se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos. La efectividad de la que hace alarde el exministro se mide en desplazamientos, desaparecidos y connivencia con el proyecto paramilitar.
La justicia es especial para el tema de la paz porque supone algún nivel de arrepentimiento a cambio de la conmutación de la pena. Sin verdad no hay trueque.
Realmente disparatada e irreal, casi sublime, la entrevista que le hizo la revista Semana al exministro uribista Diego Palacio, condenado en la Corte Suprema por el cohecho de la yidispolítica.
Cuando uno creía haberlo leído todo en materia de cinismos políticos llega un Palacio olímpico con la teoría que faltaba: que el cohecho es lo de menos, que él estaba era trabajando para que la política de seguridad democrática fuese reelegida. Sus delitos, por tanto, entran en la órbita del conflicto armado. ¡Eureka!
No contento con semejante salto de garrocha dice lo siguiente: “Si veo garantías, me acogeré a la JEP”. Y por garantías entiéndase “la imparcialidad necesaria” para que, básicamente, lo declaren inocente.
Tras de ladrón bufón, y ello dos veces. La idea es que la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que tanto ha renegado el uribismo, se convierta en la receta de salvación. Ese exministro es un loquillo, sí, pero ya hay quienes consideran que la estrategia tiene sentido.
Indirectamente, la negociación de la reelección habría sido una jugada más del conflicto con las Farc. El propio Palacios explica que ha hecho la tarea investigativa y puede demostrar que hay un consenso entre analistas, académicos y expertos en seguridad frente al impacto del gobierno de Uribe en el conflicto armado. La seguridad democrática, afirma, “era necesaria para ganar la guerra”.
Pues bien: si esa es la verdad con la que el exministro pretende conseguir su libertad, doble debería ser su pena. Cualquier investigación seria sobre el periodo de la política de seguridad democrática muestra que se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos. La efectividad de la que hace alarde el exministro se mide en desplazamientos, desaparecidos y connivencia con el proyecto paramilitar.
La justicia es especial para el tema de la paz porque supone algún nivel de arrepentimiento a cambio de la conmutación de la pena. Sin verdad no hay trueque.