Un lugar común del periodismo en tiempos de luto nacional es repetir que el Estado no hizo nada para evitar el acontecimiento doloroso. Cada que un caso como el de Mocoa se desata llueven afirmaciones sobre la incompetencia del Estado colombiano.
La verdad es otra. No necesariamente mejor o más esperanzadora. Los mal llamados desastres naturales no siempre han sido tratados de la misma manera. Por mucha continuidad que se le quiera dar al relato del Estado incapaz, de Armero a Mocoa además de décadas de diferencia hay enseñanzas convertidas en rutinas institucionales y en técnicas de gobierno adquiridas.
Antes de Armero el paradigma vigente no iba más allá de la atención de emergencias. Fue después que el Estado empezó a construir una red más compleja de tareas para los momentos de desastres que ya no dependía de la caridad y el caritativo corazón de los filantrópicos financiadores de la Cruz Roja. Que con todo y lo roja sigue antecedida por una cruz.
Con la llegada al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, en los noventas, el Estado mejoró en la racionalización de sus capacidades organizativas. Otra cosa bien diferente y por demás complicada es que buena parte de esos saberes le haya sido aplicada a la atención del desplazamiento forzado y a la equiparación de víctimas con damnificados. En eso sí que ha sido efectivo el Estado.
La confusión se puede ilustrar a la luz de la discutida fotografía publicada en este diario. La imagen plantea lo indefenso que es el niño y lo real que es la escena del desastre. Lo que no nos dice la foto es de dónde les viene la vulnerabilidad a los damnificados.
Esto último es algo que no aparece en la imagen. La foto permite que sepamos que el desastre ocurrió y fue letal. Y en ese sentido cumple con su propósito periodístico. Pero también es cierto que antes del desastre muchos de los damnificados fueron víctimas del desplazamiento. De ahí su predisposición al riesgo.
Los saberes acumulados por el Estado después de Armero llevaron a que el desplazamiento forzado fuese considerado en la década del noventa como un desastre natural, por fuera de la política y de la historia del conflicto. En algún momento la propia normatividad vigente definió el desplazamiento como un desastre natural. Ante el Estado, lo mismo daba un damnificado que un desplazado.
Las víctimas, por consiguiente, fueron tratadas como un damnificado más al que es preciso socorrer sin demasiadas preguntas sobre el origen de su victimización. No hubo espacio para la justicia ni la memoria histórica. El humanitarismo se impuso.
Mocoa y su mal momento debería ser, sin embargo, un relato más del posconflicto. Por el contrario, se le ha naturalizado como un caso más de desastre. De desastre natural.
Un lugar común del periodismo en tiempos de luto nacional es repetir que el Estado no hizo nada para evitar el acontecimiento doloroso. Cada que un caso como el de Mocoa se desata llueven afirmaciones sobre la incompetencia del Estado colombiano.
La verdad es otra. No necesariamente mejor o más esperanzadora. Los mal llamados desastres naturales no siempre han sido tratados de la misma manera. Por mucha continuidad que se le quiera dar al relato del Estado incapaz, de Armero a Mocoa además de décadas de diferencia hay enseñanzas convertidas en rutinas institucionales y en técnicas de gobierno adquiridas.
Antes de Armero el paradigma vigente no iba más allá de la atención de emergencias. Fue después que el Estado empezó a construir una red más compleja de tareas para los momentos de desastres que ya no dependía de la caridad y el caritativo corazón de los filantrópicos financiadores de la Cruz Roja. Que con todo y lo roja sigue antecedida por una cruz.
Con la llegada al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, en los noventas, el Estado mejoró en la racionalización de sus capacidades organizativas. Otra cosa bien diferente y por demás complicada es que buena parte de esos saberes le haya sido aplicada a la atención del desplazamiento forzado y a la equiparación de víctimas con damnificados. En eso sí que ha sido efectivo el Estado.
La confusión se puede ilustrar a la luz de la discutida fotografía publicada en este diario. La imagen plantea lo indefenso que es el niño y lo real que es la escena del desastre. Lo que no nos dice la foto es de dónde les viene la vulnerabilidad a los damnificados.
Esto último es algo que no aparece en la imagen. La foto permite que sepamos que el desastre ocurrió y fue letal. Y en ese sentido cumple con su propósito periodístico. Pero también es cierto que antes del desastre muchos de los damnificados fueron víctimas del desplazamiento. De ahí su predisposición al riesgo.
Los saberes acumulados por el Estado después de Armero llevaron a que el desplazamiento forzado fuese considerado en la década del noventa como un desastre natural, por fuera de la política y de la historia del conflicto. En algún momento la propia normatividad vigente definió el desplazamiento como un desastre natural. Ante el Estado, lo mismo daba un damnificado que un desplazado.
Las víctimas, por consiguiente, fueron tratadas como un damnificado más al que es preciso socorrer sin demasiadas preguntas sobre el origen de su victimización. No hubo espacio para la justicia ni la memoria histórica. El humanitarismo se impuso.
Mocoa y su mal momento debería ser, sin embargo, un relato más del posconflicto. Por el contrario, se le ha naturalizado como un caso más de desastre. De desastre natural.